TIJUANA BC 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011 (AFN).- La iniciativa de Reforma Política que ha venido impulsando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para Baja California está a punto de concretarse, ya que se espera que este miércoles la Comisión correspondiente la apruebe en todos sus términos, informó Fausto Zárate Zepeda, en entrevista con Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana.

Esta reforma, que posteriormente deberá pasar al Pleno para su discusión y aprobación -según sea el caso- establece 12 puntos que según el diputado local, han sido reclamos de la población en materia política. Los puntos que contiene la iniciativa son:

- Acotar el Fuero Constitucional
- Sanción a representantes que incumplan promesas
- Revocación de Mandato
- Ratificación de Gabinete
- Mecanismos de Participación Ciudadana
- Iniciativa Preferente
- Mecanismos de Control
- Síndicos de Primera Minoría
- Candidaturas Comunes
- Creación del Distrito XVII en Playas de Rosarito
- Examen Antidoping

En el primero de los puntos se establece la sanción de juicio político en destitución e inhabilitación entre 6 meses a 20 años de los servidores públicos.

Tratándose de delitos graves, el procedimiento de desafuero se deberá desahogar en un plazo no mayor de 60 días y en demandas del orden civil no existe inmunidad procesal.

De igual forma se indica que los candidatos estarán obligados a registrar ante el Instituto Electoral, sus promesas de campaña para castigarlos si incumplen y de acceder al cargo, el Instituto dará seguimiento al cumplimiento y emitirá informes anuales, debiendo remitirlos al Congreso del Estado para los efectos a que haya lugar.

En lo que se refiere a la revocación del mandato, se le daría el derecho a los ciudadanos de quitar a aquellos servidores públicos que incurran en responsabilidad política o penal; por incapacidad total y permanente para ejercer el cargo; a los munícipes que por causa grave determine la ley y a petición del Ayuntamiento y por acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el tema de ratificación del Gabinete, el Congreso estaría facultado para hacerlo con los Secretarios: de Educación, Desarrollo Social, Salud, Seguridad Pública y a los titulares de organismos paraestatales.

Se incorporaría a la Constitución una serie de instrumentos y mecanismos de participación ciudadana como la Consulta Popular, el Plebiscito, el Referéndum y la Iniciativa Popular.
 
En otro rubro se le otorgaría al Gobernador, el derecho de remitir, al inicio de los periodos ordinarios dos iniciativas para trámite preferente que serían votadas antes de concluir el periodo, en tanto que las iniciativas ciudadanas serían tratadas como preferentes.

En la nueva Reforma se contempla el Informe del gobernador, con la presencia de éste y con derecho a réplica de los grupos parlamentarios, en tanto que los titulares de las dependencias estatales estarían obligados a acudir a comparecencias, bajo protesta de decir verdad, ante el Pleno o Comisiones del Congreso.

Asimismo se contempla la creación de la Moción de Censura que consistiría en apercibimiento o remoción del cargo en contra de los titulares de las dependencias del ejecutivo estatal.

En un punto octavo de esta iniciativa se contempla que le sea asignada la Sindicatura Social de cada ayuntamiento, al partido político que obtenga la primera minoría en la elección a presidente municipal.
 
En el artículo 5 de la Constitución se incluiría la figura de las candidaturas comunes para promover la mejoría en las condiciones de participación de los partidos políticos.

Sobre la creación  Distrito Electoral para Playas de Rosarito, se establece que sería el XVII con sede en esa ciudad en tanto que la del XVI quedaría para el municipio de Tijuana.

En la propuesta se propone un plazo de 15 días para que el Ejecutivo observe los decretos del Congreso y transcurrido el mismo, publique en el Periódico Oficial el Decreto correspondiente, para eliminar así el llamado “veto de bolsillo”. De no hacerlo, el presidente del Congreso ordenaría su publicación.

Y finalmente, se exigiría que los candidatos a ocupar un puesto de elección popular, se sometan a un examen antidoping y que aquellos que resulten electos lo hagan de manera anual con carácter de obligatorio.

Esto incluye a todos los servidores públicos de primero y segundo nivel de los ayuntamientos y del gobierno del Estado, así como a los funcionarios del Poder Judicial, aunque no habla de los integrantes del Congreso de la entidad.