CIUDAD DE MÉXICO 27 DE JULIO DE 2026 (AFN).- El abogado Fernando Gómez Mont, integrante de la defensa del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, sostuvo que el proceso penal que enfrenta el exmandatario por presuntos delitos relacionados con contrabando de combustibles y delincuencia organizada ha estado marcado por decisiones judiciales que, afirmó, ignoraron los argumentos de la defensa y derivaron en un trato "profundamente injusto y cruel".
Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Gómez Mont cuestionó la resolución mediante la cual un juez determinó mantener a Ruffo Appel en prisión preventiva en el penal federal del Altiplano, al asegurar que la juzgadora reprodujo prácticamente los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR), sin hacer una valoración independiente de las pruebas y planteamientos expuestos por la defensa.
El exsecretario de Gobernación afirmó que la defensa ha promovido diversos recursos para modificar las medidas cautelares impuestas al exgobernador, al considerar que no existe riesgo procesal que justifique su permanencia en un penal de máxima seguridad y que las condiciones de internamiento resultan desproporcionadas para una persona de su edad y estado de salud.
Según Gómez Mont, Ernesto Ruffo ha enfrentado el proceso con entereza, aunque insistió en que las autoridades judiciales no han dado respuesta de fondo a los cuestionamientos formulados por la defensa y, en cambio, han reiterado los mismos razonamientos presentados por el Ministerio Público. Añadió que, a su juicio, no ha existido una valoración real de los elementos aportados por los abogados del exmandatario.
Durante la conversación con Gómez Leyva, el litigante insistió en que la acusación carece de sustento suficiente para mantener privado de la libertad al primer gobernador de oposición en Baja California, y sostuvo que el caso deberá resolverse conforme avance el proceso judicial.
Ruffo Appel fue vinculado recientemente a proceso junto con otros imputados por presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y violaciones a la legislación en materia de hidrocarburos, dentro de la investigación que la FGR sigue por el denominado caso de "huachicol fiscal", relacionado con la empresa aduanal Ingemar. La autoridad sostiene que la red habría introducido combustible al país mediante declaraciones aduanales presuntamente falsas para evadir el pago de impuestos.
La defensa del exgobernador ha rechazado dichas imputaciones y sostiene que Ruffo únicamente participaba en actividades relacionadas con trámites aduanales de la empresa, por lo que considera improcedentes los delitos que le atribuye la Fiscalía.
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