Al someterse a votación el dictamen de la Comisión de Hacienda del XX Congreso Estatal, que encabeza la diputada Rosana Soto Agüero, a favor del endeudamiento, fue severamente criticado por los diputados integrantes de la bancada panista, quienes argumentaron que no estaba debidamente sustentado y refería la realización de obras contempladas en otros programas.

 

El Diputado Julio Felipe García Muñoz, propuso que se aprobara el dictamen en lo general, con razonamientos y condicionamientos en lo particular. Esto implica que se integrará una comisión de legisladores que vigilará el proceso de endeudamiento, así como la correcta aplicación de los recursos. 

 

En el artículo primero del dictámen aprobatorio de la Comisión de Hacienda, se precisa que “…Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, Baja California, a contratar con BBVA Bancomer, S.A., un crédito hasta por $200,000,000.00 (Doscientos millones de pesos 00/100 M.N.), más los conceptos adicionales que se generen por intereses, comisiones y demás accesorios financieros e impuestos”.

 

Asímismo, en el artículo primero, se establece que “…El presente Decreto comprende la autorización de los contratos o instrumentos que se requieran para la formalización del crédito y los mecanismos necesarios para constituir la garantía y/o fuente de pago, con la afectación de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al Municipio de Ensenada.

 

Finalmente, al emitir la votación, votaron a favor los diputados priístas, así como los del PEBC, PVEM, PT, PRD y Panal.  Los panistas, no cambiaron su posicionamiento y optaron por abstenerse.

 

En la misma sesión, el diputado del Partido Acción Nacional, Ricardo Magaña, presentó iniciativa de reforma a la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios, que implicarían el establecimiento de “candados” o requisitos, para evitar que los gobiernos locales se endeuden de manera irresponsable.

 

En su propuesta, el legislador señaló que “…El Estado que logra dominar la acción de destinar correctamente la  aplicación de sus recursos públicos, sin comprometer aquello con lo que no aun no cuenta, es un Estado destinado a avanzar hacia el progreso”.

 

Así mismo, dijo que para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, es de suma importancia atender lo relativo al manejo responsable de los recursos públicos por los distintos órdenes de gobierno. 

 

Magaña manifestó que los gobiernos Estatal y Municipales tienen que cuidar que sus finanzas públicas sean sanas, equilibradas y congruentes a sus realidades propias y a sus necesidades particulares, evitando en todo lo posible endeudamientos desmesurados y sobre todo desvinculados de las demandas sociales.

 

“Si bien –dijo- es de amplio conocimiento la difícil situación económica que se vive actualmente a nivel mundial, también lo es que los efectos de esta se recienten tanto en las economías privadas como en las públicas. Es por esta misma razón, que se deben extremar precauciones y evitar los errores del pasado a fin de poder seguir contando con órganos de gobierno eficaces en su actuar en beneficio de la ciudadanía”.

 

Lamentó, que algunos funcionarios públicos no comparten la idea de ser responsables en lo relativo al cuidado de los recursos que les han sido encomendados, o tal vez por haber sido mal aconsejados cometen errores que de manera desafortunada terminan pagando los ciudadanos que los eligieron para dichos cargos, mismos ciudadanos que a cambio, esperaban les fueran otorgados resultados positivos. 

 

Señaló que se han tenido ejemplos desastrosos “…en los cuales, hemos visto reflejada la ineptitud, la irresponsabilidad, la falta de pericia y de sensibilidad, en donde Entidades Federativas han multiplicado su deuda pública en cantidades inconmensurables, donde los únicos perjudicados serán los ciudadanos que tendrán que pagar dichos errores por generaciones”.

 

La intención de las reformas propuestas, según indicó, es que hace falta precisar que los pasivos que son susceptibles de adquirir las administraciones públicas, deben tener un debido análisis y diagnostico de impacto social y que sus fines no sean para asumir planteamientos de gasto corriente.

 

Por lo tanto, se establecerán lineamientos que delimiten el endeudamiento económico de las administraciones públicas del Estado,  que impidan que las administraciones públicas contraigan obligaciones de pasivo que constituyan Deuda Pública, para financiar gasto corriente, apoyos extraordinarios o de cualquier otro tipo que no implique una Inversión Pública Productiva.