TIJUANA, BC 18 DE AGOSTO DEL 2011 (AFN).- El diputado federal panista Óscar Arce Paniagua reveló este jueves no coincidir con el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, en la propuesta que ha hecho de otorgar al Ejército Mexicano, facultades similares a las que tienen policías de investigación en el país.
  Al asistir esta mañana como invitado ante el grupo “Madrugadores”, el legislador por Baja California consideró riesgoso el hecho de que el Ejército pueda ser infiltrado por el crimen organizado, apuntando que en eso basa su negativa a apoyar esa parte de la propuesta de seguridad del presidente mexicano.
  Explicó que las fuerzas armadas estarían haciendo además “una doble función”, que no le corresponde, aunque en otros puntos ponderó los beneficios que supuestamente traería esa Ley de Seguridad Nacional.
  Con relación al debate nacional que existe sobre el hecho de que los militares deban ser juzgados por civiles, Arce se manifestó en desacuerdo, excepto “en los casos en que un militar violente las garantías de derechos humanos a los civiles”.
  Dijo que por el contrario: cuando los militares se vean inmiscuidos en actos de corrupción, traición a la patria y otras acciones penadas por ellos mismos “tendrán que ser juzgados por las leyes militares como se viene haciendo actualmente por parte del Departamento de Justicia Militar de las Fuerzas Armadas”.
  En torno a la nueva Ley de Lavado de Dinero que recientemente aprobó el Senado de la República, dijo, es buena porque pondrá “candados” al dinero de procedencia ilícita, como es la compra de bienes inmuebles.
Sin embargo, subrayó que el Estado Mexicano debe ser más agresivo en la confiscación de los bienes cuando éstos sean adquiridos con dinero mal habido.
  En otro orden de ideas y tal como lo ha hecho en otras ocasiones, el vice-coordinador jurídico del PAN en el Congreso de la Unión, criticó a los diputados de Baja California, pero particularmente a los del PRI, por supuestamente “no legislar en los temas torales de la entidad, como es el delito de secuestro y el homicidio, dos lastres que padecen los bajacalifornianos”.
 Calificó a la actual Legislatura –integrada por panistas, priístas y otros de partidos minoritarios- como “"la menos productiva en la historia de Baja California" y la acusó de un “derroche” de recursos, como el aumento en el gasto social de los diputados locales por más de un millón de pesos anuales.