*.- Por año, son los reportes oficiales de Inegi, afirma diputado federal Eduardo Ledesma, del PVEM

*.- México está en lugar 28 en el mundo y en el quinto en América Latina en la presencia de este delito

 

El diputado federal Eduardo Ledesma Romo señaló que la explotación sexual comercial infantil en México es un grave problema que ha ido aumentando y urge erradicar dicha práctica que vulnera la integridad de las personas.

 

Hoy en día, dijo el legislador federal, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre 16 mil y 20 mil niños y niñas son explotados sexualmente cada año, ocupando nuestro país el lugar 28 en el mundo y el quinto en América Latina en la presencia de este delito.

 

El legislador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) mencionó que la experiencia de sufrir explotación sexual puede causar a los niños daños físicos y mentales irreparables, de tal manera que en las diferentes etapas de la vida de éstos habrá secuelas notorias.

 

Entre tales secuelas, agregó, habría alteraciones en comportamiento y precocidad sexual, e incluso adicción a las drogas durante la infancia y en la adolescencia; estados depresivos graves, perturbaciones alimentarias (anorexia) y fobias con relación a la sexualidad.

 

Indicó Ledesma Romo que si bien en 2007 se reformó el Código Penal Federal para incrementar las penas contra quienes cometen los delitos considerados como de explotación sexual comercial infantil, y se instrumentaron múltiples políticas públicas y programas para erradicarla, advirtió que aún existen vacíos legales.

 

Está pendiente armonizar la legislación de los diferentes estados con la federal y la normativa internacional, y ello representa graves dificultades en su combate y erradicación, señaló.

 

Ledesma Romo indicó que, dada su importancia y los bienes jurídicos tutelados, es imprescindible para lograr la erradicación de la explotación sexual comercial infantil, elevar a rango de ley el Programa para su Prevención, Atención y Erradicación.

 

El también integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados Federal, manifestó que este programa, es ejecutado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y que tiene cobertura nacional, estatal y municipal y que opera desde comités locales en 60 ciudades consideradas vulnerables. 

 

Por otra parte, el Diputado Federal pevemista indicó que a pesar de las acciones emprendidas por los tres órdenes de gobierno, el índice delictivo y la cifra negra de delitos va en aumento, lo que afecta gravemente la integridad física y emocional de los menores de edad.

 

El Legislador bajacaliforniano manifestó que se carece de datos confiables sobre la comisión de estos delitos, por lo que indicó: “es necesario integrar un Banco Nacional de Datos e Información sobre las distintas formas de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes que se cometen en el territorio nacional para su prevención y erradicación”.

 

Ledesma Romo enfatizó sobre la necesidad de expedir una ley especial que combata esta problemática e indicó que por ello, presentó conjuntamente con el Diputado Carabias Icaza la propuesta de Ley Federal para Prevenir, Atender y Eliminar la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes que tendrá por objeto prevenir y eliminar la explotación sexual de la niñez, así como la protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas con la finalidad de garantizarles el respeto al libre desarrollo de la personalidad.

 

Mencionó que para proteger a las víctimas de la explotación sexual se propuso la creación de modelos de atención y prevención y se obliga a la Federación a proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializados y gratuitos a las víctimas, para lo cual, procurará favorecer.

 

Ledesma Romo señaló que la Iniciativa está en estudio en las comisiones unidas de atención a grupos vulnerables y de justicia y que se espera sea aprobada en el siguiente periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, ya que urge trabajar en conjunto con autoridades y sociedad civil para proteger los derechos fundamentales de los menores de edad.