palcodeprensa18abr2011
Por: Gilberto LAVENANT
Prácticamente luego de cuatro años de narcoguerra, el gobierno de Felipe Calderón se percató de que está solo en ésta batalla, que los gobiernos estatales y municipales le invierten muy poco en el tema de la seguridad pública. Pero… ¿Por qué hasta ahora hace ese descubrimiento?
En septiembre del 2010, Salomón Presburguer, El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales –Concamin- , dijo que el problema de la inseguridad en México, tiene un costo anual de 770 dólares por habitante, considerando tan sólo las erogaciones y transferencias de las víctimas a sus agresores. Algo así como 2.10 dólares diarios por habitante.
Hablar de pesos y centavos, sobre el tema de la inseguridad, y determinar ese costo monetario, por el problema de la inseguridad, parecería que no es tan grave como parece. Total, quien puedsa cubrir la “cuota económica”, lo hace y queda libre de riesgos. Pero no es tan simple y este problema tiene costos mayores, porque ha costado millares de vidas humanas, ha costado el cierre de numerosas fuentes de empleo o ha sido la causa de que muchas otras no se abran, ha costado el estancamiento de la economía mexicana en general.
En su desesperación, y frustración, luego de cuatro años de narcoguerra, con pobres logros, el gobierno de Felipe Calderón se puso a revisar cuánto aportan los gobiernos locales, estatales y municipales, en el tema de la inseguridad pública. Los datos descubiertos, dan pena y explican, aunque no justifican del todo, las condiciones de inseguridad pública y violencia existente en todo el país. Son el sustento del discurso oficial en los últimos días y es importante observarlos.
Por principio de cuentas, las entidades que registran mayores índices de violencia, Chihuahua, Tamaulipas y Guerrero, durante el 2010, gastaron menos de un peso, al día, por ciudadano, en el tema de la seguridad pública. En estas tres entidades, el crímen organizado, e incluso los delincuentes comúnes, han “sentado sus reales”.
La información está contenida en un informe de la Secretaría de Seguridad Pública federal, en el que se detalla que, a nivel nacional, los gobiernos estatales invirtieron sólo 4.1% de su presupuesto general, en seguridad, durante 2010.
En entidades como Michoacán, Sinaloa o Nuevo León, que también son zonas de operación de los cárteles de la droga, se gastó más de un peso, por día, para brindarle seguridad a cada habitante.
E incluso las que, supuestamente gastan bien, “pichicatean” el gasto sobre la materia. Por ejemplo, el Distrito Federal y Baja California Sur, tienen entre dos y cuatro policías estatales y municipales, por cada mil personas. Han de decir que es demasiado.
Los extremos, en gasto relativo a seguridad pública, lo son, Guerrero, la entidad que menos invirtió, por cada uno de sus pobladores, que fueron 20 centavos por día, mientras que el Distrito Federal, que es donde más se invierte en todo el país, se gastan 3.7 pesos diarios, por habitante.
El caso de Tamaulipas, llama la tención, pues está en la mira nacional ante el hallazgo de narcofosas con 145 cadáveres, en el municipio de San Fernando, atribuidos a la banda criminal conocida como Los Zetas y sin embargo, en esta entidad se invirtieron 64 centavos por día, 235 pesos anuales, en cada uno de sus 3.3 millones de habitantes. En cuanto a elementos policiacos, tiene más de siete mil policías, equivalentes a 2.35 por cada mil habitantes.
Si a esto le agregamos que tanto las policías estatales, como las municipales, están conformadas por individuos mal preparados, mal armados y mal pagados, entonces tenemos que concluir que es lógico que se conviertan en auxiliares del crímen organizado.
Así es que no se trata de determinar cuántos muertos hubo durante las administraciones priístas y cuántos durante las panistas. Lo cierto es que el tema de la seguridad pública, no ha sido prioritario en nuestro país, durante muchos años, al grado de que se llegó a los niveles de inseguridad que hoy se padecen.
¿Por qué se invierte tan poco en seguridad pública? Por la sencilla razón de que no proyecta políticamente a los gobernantes. Mejor hacer obra “que sobra”, dirían los arquitectos o ingenieros. Aunque lo mismo le pasó al gobierno federal, o sea que el mal aqueja no solo a los Estados y Municipios, sino también al federal, que encabeza Felipe Calderón. En Baja California, por ejemplo, de no ser por el ejército, la entidad estaría en el desamparo, pues desde hace años no se ve, ni se siente, la presencia de la trístemente célebre Policía Judicial Federal. Aunque habrá quien diga que para bien de los bajacalifornianos.
Pero lo que don Felipe Calderón anda buscando, son culpables, a quienes responsabilizar por los pobres resultados de su narcoguerra, a quienes repartirles la enorme culpa que carga sobre sus hombros y que le obligará a salir por la parte trasera del Palacio Legislativo, cuando tenga que entregar la banda presidencial.
De cualquier forma, a ningún mexicano podrá convencer de que su narcoguerra tuvo un mal principio, un mal desarrollo y no parece tener final. Y el responsable de todo esto lo es Felipe Calderón, quien ahora pide que le agreguen los nombres de los gobernadores estatales y presidentes municipales. Un ejército total, de gobernantes inútiles, ineptos e ineficientes. Lamentablemente.
