Los costos del Zócalo.
Por: Gilberto LAVENANT
En reunión de la Asociación de Periodistas de Baja California, que encabeza Jesús Ramón Gil, la señora Carolina Aubanel Riedel anunció, esta semana, el inicio de la construcción del llamado Zócalo 11 de Julio, contra el que se oponen grupos de personas instaladas desde hace un año en el Parque Benito Juárez, ubicado entre los edificios del Palacio Municipal y el Centro de Gobierno del Estado, aquí en Tijuana.
Doña Carolina descalifica a los opositores al proyecto, de una manera tajante, diciendo que tienen intereses políticos, y advierte que eso no los va a detener, que seguirán adelante.
No entiende, ni quiere aceptar, que aunque el proyecto es muy ambicioso, y quizás resulte benéfico para los tijuanenses, no está nada claro y que no son unos cuantos individuos los que se oponen a la realización del mismo. Son pocos los que están ahí, desde hace varios meses, si es cierto, pero son mucho más los que se han pronunciado en contra, con estudios serios y argumentos razonables y sustentables.
Es excelente que ciudadanos como doña Carolina, impulsen proyectos tan extraordinarios, incluso exponiéndose a la crítica y a señalamientos diversos, pero es lamentable que se actue por necedad o capricho, lo que hace surgir las sospechas de que hay algo atrás de esto, que puede consistir en beneficios e intereses particulares.
Ya se ha dicho demasiado sobre este tema, pero los protagonistas e impulsores del proyecto, como doña Carolina, se resisten a aceptar que “sembrarlo” en una zona ya ocupada, con un destino preciso, en tiempos de crisis, es aberrante, absurdo y posiblemente hasta contraproducente.
Llama la atención que doña Carolina maneja este asunto, como algo suyo, cuando que se trata de un proyecto del Gobierno Estatal, que incidirá e implicará el manejo de recursos económicos y materiales, tanto estatales, como municipales, y nadie, de ambos gobiernos, dá la cara, para enfrentar los reclamos. De ahí también surgen las sospechas.
Bueno, en principio, el llamado Zócalo, fue alentado por gobiernos panistas y aparece doña Carolina, asume el compromiso de encabezarlo. Parecía un proyecto ciudadano, que no encontraría oposición alguna. Pero la encontró, no solo por el hecho de que se pretendía talar árboles “enfermos”, sino porque se trata de borrar de un plumazo, edificaciones que tuvieron un costo, rompiendo con los trazos originales de la zona.
No hay ahí espacio disponible y a lo largo de los años, desde que se urbanizó el antiguo lecho del Río Tijuana, no se puso de manifiesto intención alguna de mejorar las condiciones existentes, no obstante ser de afluencia común y cotidiana para muchos tijuanenses que acuden a las oficinas estatales o municipales a realizar gestiones diversas o a pagar impuestos.
Espacios insuficientes para estacionamiento de vehículos, falta de mobiliario para uso de las personas que por ahí transitan o acostumbran visitar como punto de recreación y de descanso, y en cambio ahora, supuestamente, pretenden realizar inversión millonaria, cuando no hay recursos económicos suficientes, ni para cubrir los costos de operación del gobierno municipal, por ejemplo.
Hay muchos lugares en donde se requieren inversiones menores que las que se pretende aplicar en el llamado Zócalo y que los tijuanenses recibirían sumamente agradecidos. Sobre todo, tratándose de parques, jardínes, zonas arboladas, campos deportivos, zonas de descanso o recreación, escuelas. En las condiciones actuales, el Zócalo es una obra supérflua.
¿Por qué la necedad de gastar lo que no se tiene?, ¿Por qué la soberbia de no escuchar los reclamos de quienes se oponen a ello?, ¿Por qué suplantar a los gobiernos, aparentamdo que es un proyecto ciudadano?, ¿Qué hay detrás de todo esto, que arriesgan famas y quizás dignidades personales?, ¿Por qué tratar de sembrar éste proyecto precisamente ahí, donde ya no hay espacio disponible?
Son muchos los cuestionamientos que surgen y que no encuentran una respuesta clara o precisa. Pareciera que las personas que están ahí, oponiéndose al proyecto, no existen. Pareciera que los argumentos que han hecho valer en contra, carecen de valor alguno, pero tan solo porque son contrarios a las versiones oficiales.
Los gobiernos, no son empresas privadas, que estén sujetas a concesión, a favor de los gobernantes en turno. Ni los recursos públicos están a disposición de estos, o de sus familiares, para que los manejen necia o caprichudamente.
En principio, este tema, ya ha tenido un gran costo político para el gobierno municipal que encabeza el empresario Carlos Bustamante Anchondo, haciéndolo aparecer como un individuo que tiene dos caras, una como político en campaña y otra como político en la función pública, que no sabe separar las cuestiones personales, y de familia, de las responsabilidades propias de la función pública.
Si se sigue adelante, como pretenden, los costos políticos, además de los económicos y sociales, serán enormes. Bajo advertencia, no hay engaño. Ojalá que luego no vengan los lamentos.
