TIJUANA, BC 12 DE ENERO DE 2012 (AFN).- Raúl Corona Sesma, abogado defensor del ex alcalde de Tijuana, Jorge Ramos Hernández, advirtió que el “Congreso del Estado "tiene que ser humilde y reconocer que un error”, ya que, a su juicio, la solicitud de juicio político hecha por el 20 Ayuntamiento contra su representado no procede legalmente.

Lo anterior, explicó en entrevista con Agencia Fronteriza de Noticias (AFN), se debe a que el artículo 13 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, establece que “cualquier ciudadano” podrá “formular por escrito a la presidencia del Congreso denuncia de juicio político”.

Señaló que, bajo argumentos legales, la definición de “ciudadano” es estrictamente la de un hombre o mujer que posee garantías individuales, sin embargo, la demanda en contra del ex edil fue interpuesta por el actual Ayuntamiento, quien “no es un ciudadano sino una autoridad”.

Indicó que para la Carta Magna sólo existen “gobernantes y los gobernados”, y en el caso de las autoridades carecen de garantías pero tienen responsabilidades, situación contraria a la de los ciudadanos que son quienes tienen el derecho a solicitar juicios políticos en contra de gobernantes, en caso de alguna inconformidad.

Corona Sesma aseguró que será decisión de la 20 Legislatura de Baja California decidir y resolver el proceso legal en contra de Ramos Hernández, pero que en base a la violación del artículo referido, esto hace que sea "improcedente" enjuiciar al ex munícipe, por lo que pedirá que el caso sea desestimado.

Después de asegurar que como argumento principal para defender al político presentará ante el congreso la violación del artículo 13 y solicitará la "desestimación", también habló de la “inconstitucionalidad” en cuanto al señalamiento por “malgastar las arcas municipales”.

En relación a este punto, explicó que el militante panista también fue acusado por no hacer uso correcto del erario público durante su administración, ya que no se pagaron contribuciones ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali).

El abogado calificó como “inconstitucional” la mencionada denuncia penal, pues en base a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 115 señala que los municipios administraran libremente su hacienda, "la cual se formara de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor", como se indica en el párrafo IV.

Este apartado, según indicó, manifiesta que un alcalde tiene las facultades para gastar el erario como mejor considere; por lo que, dijo, el Congreso al permitir el seguimiento de la denuncia penal en este sentido, “restringe su (Ayuntamiento) derecho autónomo”, sentenció el abogado.

Por último, Corona Sesma advirtió que será decisión de un Juez federal, determinar si proceden o no legalmente los señalamientos en contra el Ramos, esto a través de una sentencia.