TIJUANA BC 31 DE JULIO DE 2026 (AFN).- Los procedimientos de divorcio, pensión alimenticia, guarda y custodia, régimen de convivencias, adopciones y otros asuntos familiares comenzarán a resolverse bajo nuevas reglas en Baja California con la implementación gradual del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo que obligará a abogados y operadores jurídicos a capacitarse para evitar deficiencias en la representación de sus clientes.
La abogada Dulce Valdez Valerio, integrante de la Confederación Nacional de Colegios de Abogados de México (CONCAAM), Jus Semper Loquitur A.C., delegación Tijuana, señaló que la reforma representa una de las transformaciones más relevantes para la justicia civil y familiar en Baja California.
"O nos capacitamos o nos removerán de la defensa", advirtió la litigante al referirse a la necesidad de que los profesionales del derecho actualicen sus conocimientos para responder a las exigencias del nuevo sistema procesal.
Explicó que la adecuada preparación de los abogados será determinante para garantizar una representación legal eficaz de las familias que enfrenten este tipo de procedimientos, ya que el desconocimiento de las nuevas reglas podría afectar el desarrollo de los juicios.
Por ello, hizo un llamado a los integrantes del gremio jurídico a participar en los programas de capacitación sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con el fin de que puedan adaptarse oportunamente al nuevo modelo de impartición de justicia que se implementará de manera gradual en toda la entidad
Advirtió que la transición ya inició en Playas de Rosarito y durante agosto entrará en vigor en Tecate; posteriormente se implementará en Ensenada, en diciembre, para extenderse más adelante a Mexicali y Tijuana.
El nuevo modelo sustituye en gran medida el esquema tradicional por procedimientos con mayor oralidad, audiencias concentradas y una participación más activa de jueces, litigantes y las partes involucradas, con el propósito de agilizar la resolución de los conflictos y hacer más eficiente la impartición de justicia.
Especialistas en la materia advirtieron también que el cambio implica nuevas formas de presentar pruebas, formular argumentos e intervenir en las audiencias, por lo que tanto abogados como ciudadanos deberán familiarizarse con las disposiciones del nuevo ordenamiento.
