TIJUANA, BC 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011 (AFN).- En palabras de Carlos Mejía López, presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas A.C., la ley es clara en cuanto a las responsabilidades que deben acatar los servidores públicos de los diferentes niveles, y que resulta lamentable que muchos de éstos evadan la ley.
“La propia ley de amparo establece de manera clara en un apartado la responsabilidad en que pueden incurrir los funcionarios públicos cuando no respetan una resolución de un juicio de amparo”, comentó para Agencia Fronteriza de Noticias el dirigente del Colegio de Abogados, en relación a la orden de cese y consignación penal determinada en contra del gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Millán.
El abogado explicó que en caso de omitir la responsabilidad definida por un juez, se debe proceder a inhabilitar al funcionario público y adjudicarle una resolución penal por abuso de autoridad.
Agregó que funcionarios de los diferentes niveles de gobierno acostumbran a no acatar las resoluciones del poder judicial.
“Lamentablemente hay muchos funcionarios públicos que buscan los recovecos o algunas estrategias para tratar de evadir las disposiciones de los jueces federales”, expresó.
