MÉXICO DF 22 DE NOVIEMBRE DE 2012 (lasillarota.com).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con lo que avaló la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y trasladó sus funciones a Gobernación, además de la extinción de la Secretaría de la Función Pública.
La votación en lo general fue por 333 votos a favor, 50 en contra y 84 abstenciones.
El pleno inició poco antes de las 14:00 horas la discusión del dictamen elaborado por las comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública, y dos horas después fue avalado, en lo general, principalmente por diputados del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza.
Posteriormente se inició la discusión de las reservas presentadas al dictamen.
En lo general, el diputado del Octavio Salgado Peña, del PRI, señaló que las reformas buscan un nuevo esquema institucional que integre las diversas políticas públicas a través de mecanismos que generen integración, inclusión, cohesión social, desarrollo y crecimiento.
Precisó que habrá un nuevo esquema del control de recursos, acciones coordinadas en el tema de seguridad, combate a la pobreza y discriminación, además de garantizar que el sector agrario quede fuera de intereses políticos y partidistas.
Por el PAN, Esther Quintana Salinas aseguró que no habrá posiciones “mezquinas” en el partido, por lo que apoyarán la iniciativa que reforma la Administración Pública Federal, pero sin que esto represente un retroceso para el país.
“Bienvenidas las reformas que velan por el bienestar de toda la sociedad y las reservas que presentaremos serán de fondo porque no vamos a permitir retrocesos en el país”, dijo.
Fernando Belaunzarán Méndez, por el PRD, indicó que la reforma propuesta pretende concentrar el poder en un triunvirato formado por las secretarías de Gobernación, Hacienda y la Oficina de la Presidencia, sin que se establezcan contrapesos.
“Nos quieren presentar las soluciones a problemas del presente con recetas del pasado. El asunto de que Gobernación sea la que acapare las policías y la inteligencia nos vuelve al viejo autoritarismo”, precisó.
Mónica García de la Fuente, del PVEM, subrayó que la materia del dictamen, que votará a favor su fracción, contempla aspectos sumamente relevantes, como el fortalecimiento de las secretarías de Gobernación, Hacienda y Desarrollo Social, así como la reorganización en materia agraria.
“Plantea una Secretaría de Gobernación integral que retoma la conducción de la política de seguridad en nuestro país, lo que brindará mayor coordinación, que hoy es indispensable, además de que Hacienda asume las tareas en materia de vigilancia del gasto público y Desarrollo Social fortalece sus facultades y fomentará la participación de la sociedad civil”, expuso.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (Movimiento Ciudadano) advirtió que si el dictamen se aprueba, generaría una crisis política constitucional de seguridad nacional.
“La pretensión de poner a disposición de Gobernación una tropa de policía prevista de armas en disposición de atacar, puede convertirse en un ejército de guerra civil que de manera legítima puede combatir manifestaciones sociales”, señaló.
Para el diputado Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, esto es el “epilogo de un sexenio salinista”.
En representación del PT, Manuel Huerta Ladrón de Guevara enfatizó que el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal criminaliza los movimientos sociales.
Aseguró que la Secretaría de Gobernación (Segob) enfocará la seguridad en la criminalización de disturbios y desórdenes sociales, a través de la formulación de una “supuesta política criminal de prevención al delito y la paz y orden social”.
El diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza) manifestó su apoyo al dictamen, en especial la propuesta de transferir las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública a Gobernación, pues la consideró una medida que responde a la urgencia de replantear la estrategia de seguridad que se ha aplicado en los últimos años.
Reiteró que el presidente electo, al recibir el respaldo mayoritario del electorado mexicano, tiene derecho de proponer el rediseño de los instrumentos legales e instancias que considere necesarios para hacer realidad su programa de gobierno.
