Tijuana BC 3 de enero de 2015 (AFN).- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California, Juan Manuel Hernández Niebla, afirmó que la restricción a centros cambiarios que entró en vigor el día de ayer en el país, vendrá en detrimento de la economía dolarizada de esta frontera, y generará como consecuencia “un mercado negro” de divisas.

Sobre la obligatoriedad que a partir de ayer tienen los casac ambistas de mantener un registro de todas las transacciones superiores a un dólar, así como solicitar una identificación oficial a los usuarios, el presidente del CCE dijo que “se trata de un golpe más a la economía fronteriza y que refleja una excesiva regulación por parte del gobierno federal”.

Hernández Niebla subrayó que esta nueva disposición provocará, de entrada, la pérdida de utilidades de los centros cambiarios, así como el cierre de negocios de este tipo, al tiempo que orillará a que el flujo de divisas se dé de otra manera, “en el marco de lo informal”.

“Lo que generará es un mercado negro de dólares ‘adicionales’ (sic), donde empresas que no están reguladas harán algún tipo de economía por fuera de la economía formal”, afirmó.

Dijo que este panorama contribuirá a la fuga de consumidores y de clientes al “otro lado” de la franja fronteriza, pues esta prohibición podría ser interpretada de forma negativa tanto por los visitantes extranjeros como por connacionales.

“Lo que va a pasar es que les afectará seriamente a los centros cambiarios, les ahuyentará la clientela, la moverá al lado de San Ysidro definitivamente; y eso va a venir teniendo como repercusiones: pérdida de empleos y cierre de empresas”, reiteró el dirigente empresarial.

Añadió que el gobierno federal ha incurrido en un riguroso control de los dólares sin contar con que “todas estas restricciones y leyes antilavado”, han incumplido realmente con los propósitos para los cuales fueron creadas.

“Lo que vemos es que no controlan realmente el lavado de dinero, pues no vemos que hayan afectado a ningún cártel de la droga; estamos a favor de cualquier Ley que vaya en contra de las actividades del crimen organizado, pero nos hemos dado cuenta que estas restricciones y burocracias que ellos aplican, realmente los que terminan pagando son los ciudadanos honrados de la frontera”, finalizó.

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