MEXICALI BC 14 DE SEPTIEMBRE 2026 (AFN).- Integrantes de la Coalición para la Participación Social en la Educación (COPASE) pidieron a la Secretaría de Educación de Baja California ampliar la participación social en la implementación del Programa de Protección Integral Escolar (PPIE) 2026, al advertir que su eficacia dependerá de que las medidas previstas se traduzcan en acciones concretas dentro de las comunidades educativas.
En un posicionamiento fechado el 7 de septiembre, Gerardo Espinoza, presidente de COPASE, reconoció que el PPIE amplía el marco de riesgos contemplados y fortalece su sustento normativo, pero señaló que uno de los principales retos será convertir el programa en acciones reales y efectivas en cada plantel.
La organización destacó la participación de docentes, figuras interdisciplinarias e interinstitucionales y organizaciones sindicales en la construcción del programa; sin embargo, señaló que las asociaciones civiles y los Consejos de Participación Escolar (CPE) no fueron convocados durante esta etapa.
Ante ello, COPASE consideró indispensable incorporar a madres y padres de familia, Consejos de Participación Escolar y organizaciones de la sociedad civil, al considerar que su participación permitiría una implementación más amplia, legítima y efectiva del programa, en concordancia con lo establecido en la Ley de Educación de Baja California.
La organización sostuvo que la prevención debe convertirse en un eje rector, acompañado de estrategias para fortalecer la cultura de protección y el bienestar integral de los estudiantes. Otro de los puntos señalados es la necesidad de garantizar recursos para que el programa pueda operar.
COPASE advirtió que cualquier estrategia de protección escolar requiere presupuesto suficiente, personal especializado y capacitación para docentes, directivos, personal administrativo, madres y padres de familia, Consejos de Participación Escolar y organizaciones civiles.
Sin estos elementos, considera Espinoza, el PPIE difícilmente podrá implementarse de manera efectiva en las comunidades escolares.
COPASE también llamó a evitar que las escuelas asuman responsabilidades que corresponden a instituciones especializadas en seguridad, salud, atención psicológica o acceso a la justicia.
En su planteamiento, el personal educativo debe actuar como primer espacio de identificación y protección, concentrando sus funciones en la prevención, detección, protección inmediata, documentación, canalización y seguimiento, dentro de sus respectivas competencias.
Para garantizar la aplicación del programa, la organización propuso que el PPIE opere como un mecanismo de coordinación interinstitucional y establecer mecanismos periódicos de seguimiento y evaluación.
Como parte de sus propuestas, COPASE solicitó a la Secretaría de Educación instalar una Mesa Permanente del PPIE 2026, con participación de docentes, directivos, madres y padres de familia, Consejos de Participación Escolar, organizaciones de la sociedad civil, especialistas externos y las organizaciones sindicales que participaron en la construcción del programa.
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