MEXICALI BC 11 DE NOVIEMBRE DE 2026 (AFN).- Un grupo de residentes del fraccionamiento Hacienda Agua Caliente de Tijuana acudió al Congreso del Estado para anunciar la presentación de una denuncia penal, una solicitud de juicio político y un recurso de oposición a la eventual ratificación del magistrado Carlos Rodolfo Montero Vázquez, integrante del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.
Los vecinos lo señalan de presuntas actuaciones irregulares relacionadas con un desarrollo inmobiliario ubicado en un fraccionamiento residencial de Tijuana.
Durante una conferencia de prensa, Juan Marcos Gutiérrez abogado vecinal manifestó que el conflicto se originó entre 2022 y 2023, cuando habitantes de la calle Jazmines detectaron la construcción de un proyecto que, según la licencia de obra original, correspondía a una vivienda unifamiliar de 183 metros cuadrados, pero cuya estructura mostraba características de un complejo con múltiples unidades habitacionales.
De acuerdo con el litigante, el predio se encuentra dentro de un fraccionamiento con uso de suelo unifamiliar, condición que establece la construcción de una sola vivienda por lote.
Sin embargo, aseguran que el proyecto evolucionó hasta convertirse en una edificación de aproximadamente dos mil metros cuadrados distribuidos en dos lotes contiguos.
Dijo que los vecinos afirman que, tras detectar las modificaciones al proyecto, iniciaron acciones legales que derivaron en la clausura de la obra por parte de la autoridad municipal.
No obstante, señalaron que la empresa desarrolladora, identificada como MYO BC S.A. de C.V., promovió diversos recursos administrativos y judiciales para continuar con la construcción.
Según la versión expuesta, el Ayuntamiento negó en al menos dos ocasiones la autorización de uso de suelo multifamiliar requerida para el desarrollo.
Posteriormente, indicaron, la empresa obtuvo una resolución favorable ante el Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal, mediante la cual se ordenó a la autoridad revisar o emitir las autorizaciones correspondientes.
Los denunciantes sostienen que, de manera paralela, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa otorgó una suspensión que impidió al Ayuntamiento detener la obra, permitiendo que los trabajos continuaran hasta alcanzar su estado actual.
Durante la exposición pública, los representantes vecinales señalaron que el magistrado Carlos Montero presuntamente intervino en asuntos relacionados con el proyecto pese a lo que consideran un posible conflicto de interés.
Afirmaron que la empresa desarrolladora también es propietaria de inmuebles que han sido arrendados al propio tribunal administrativo estatal.
Asimismo, solicitaron que las autoridades investiguen si existe algún vínculo patrimonial, comercial o de beneficio indirecto entre el magistrado y la empresa involucrada. Hasta el momento, dichas acusaciones corresponden a señalamientos realizados por los denunciantes y no han sido acreditadas por una resolución judicial.
Como parte de las acciones legales emprendidas, informaron que fue presentada una denuncia por presuntos delitos contra la administración de justicia, argumentando que algunos expedientes relacionados con su despacho jurídico habrían permanecido sin resolución durante periodos superiores a los establecidos por la ley.
Los promoventes indicaron que buscarán que tanto la Fiscalía como las instancias legislativas y de control revisen la actuación del magistrado, mientras que reiteraron que su principal demanda es que se respete el uso de suelo originalmente establecido para el fraccionamiento y se esclarezca la legalidad de las autorizaciones que permitieron el desarrollo inmobiliario.
Al finalizar la atención a medios, los inconformes fueron recibidos por el equipo de trabajo del diputado Diego Echevarría Ibarra .
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