Por: Fernando Núñez de la Garza Evia
Plaza Cívica
MONTERREY NL 31 AGOSTO 2026.- La presidenta puso en el centro del debate público la doble nacionalidad en la clase política mexicana. Concretamente, la desea prohibir para ciertos cargos públicos, como los de senadores, gobernadores y la presidencia de la República. Y aunque es una reforma reaccionaria que va en sentido contrario a la historia, sí resulta importante hacer algunas puntualizaciones al respecto.
La reforma de la presidenta prueba una vez más el nacionalismo autoritario de Morena, lo iliberal que resulta el movimiento y su improvisación legislativa. En la gran mayoría de las democracias liberales de Europa y Asia, la tendencia es claramente a ocupar cargos públicos sin que importe el número de nacionalidades que una persona pueda tener. Que los mexicanos no puedan acceder a cargos públicos por tener doble nacionalidad es un paso lógico más en la restricción de los derechos políticos en el país, un paso natural en el nacionalismo autoritario e iliberal del oficialismo. Pero más aún, la iniciativa de la presidenta deja entrever que no tiene agenda legislativa alguna, que la poca que tuvo al inicio de su sexenio no fue propia, sino la que le dejó el expresidente y que, en su momento, siguió al pie de la letra. La falta de ideas –más allá de destruir todo aquello construido por los antecesores– resulta evidente.
Y, sin embargo, parece asomarse un riesgo moral en aquellos gobernantes que tienen hijos con doble nacionalidad. Un riesgo moral que se vuelve más evidente en tiempos de la Cuatroté. El gran problema radica en que se han tomado toda una serie de decisiones que inevitablemente tendrán un impacto profundamente negativo en nuestras vidas y que también afectarán a las generaciones de mexicanos por venir. Les ha resultado sumamente cómodo a muchos de los gobernadores actuales ceñirse sin chistar a los mandatos del gobierno federal, sin protesta alguna. Pero esos mismos gobernadores del oficialismo tuvieron a muchos de sus hijos en Estados Unidos, quienes no tendrán que pagar los muchos platos rotos de sus padres cuando estuvieron en el poder.
Un caso es el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quien tiene una corta pero profunda historia de desaseo en la gubernatura y, sin embargo, tuvo a sus hijos en Estados Unidos. Los tuvo en el estado de California, un estado que tiene las instituciones que en Baja California la gobernadora acabó por destruir. Sus hijos no pagarán las consecuencias porque pasarán a Estados Unidos con pasaporte estadounidense; sin embargo, los hijos de la gran mayoría de los mexicanos (incluidos aquellos que viven en la frontera) sí tendrán que pagar las consecuencias de sus innumerables ocurrencias. Quemaron la casa común, pero les dieron a sus hijos las llaves de la salida de emergencia. Pero no a los hijos de la gran mayoría de los mexicanos a quienes gobernaban, quienes solo tienen una casa común: Baja California y México.
De acuerdo con el INEGI, alrededor del 8% de los habitantes de Mexicali tiene doble nacionalidad, lo que representa una verdadera minoría. La iniciativa de la presidenta es un debate propio de las élites, porque solamente a ellas afectará. Por cierto, un político con familia que solo tenga la nacionalidad mexicana en la zona fronteriza podría desplegar un discurso nacionalista, contrastándose con los políticos de doble nacionalidad. Y la gran mayoría de la población se sentiría profundamente identificada.
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