LA BUFADORA
Por. – El Mosquito
CUCHILLITO DE PALO
¿Y el próximo año habrá dinero para pagar el incremento salarial que se otorga a los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Ensenada?
ENSENADA BC 29 DE AGOSTO DE 2026.- Mientras en Baja California Sur el Partido Acción Nacional (PAN) decidió adelantar los tiempos y colocar a Francisco “Pancho” Pelayo como su coordinador para la defensa de la patria, la familia y la libertad -una figura que, en los hechos, lo perfila hacia la candidatura a la gubernatura en 2027-, en Baja California los panistas caminan con mayor cautela o, dicho de otra manera, mientras en La Paz ya encontraron quien abanderará su causa, aquí todavía buscan prospectos.
Desde luego que la designación en Baja California Sur tampoco significa que Pelayo tenga asegurada la victoria, pues Morena conserva una posición competitiva y el propio panista deberá reconstruir una candidatura después de su derrota en 2021, pero el PAN sudcaliforniano, al menos, ya escogió una carta conocida, con experiencia electoral y con un antecedente directo en la disputa por el gobierno estatal.
Pero en Baja California el escenario luce distinto, porque a menos de un año de la elección de 2027, no se advierte en el PAN una prisa semejante por destapar a quien habrá de enfrentar a Morena.
La razón es que el blanquiazul todavía no encuentra una aspirante externo que reúna, al mismo tiempo, presencia social a nivel estatal, estructura partidista, trayectoria electoral y posibilidades reales de competir por la gubernatura, aunque se menciona a dos: Gustavo de Hoyos Walther y Gustavo Macalpin, a quienes de momento consideran más para la alcaldía de Mexicali; pero si el PAN no logra lo anterior, tendrá que recurrir a militantes de muchos años como Gina Cruz Blackledge, Héctor Osuna Jaime, o bien, una figura emergente como Margarita Flores Guizar, viuda del senador Gustavo Sánchez Vázquez, quien falleció en enero de este año.
Tal vez el panismo bajacaliforniano considera que todavía hay tiempo, o quizá espere que las circunstancias obliguen a construir -otra vez- una alianza con el PRI.
CIERRAN LA PUERTA
La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de enviar un mensaje poco alentador para quienes consideran que la democracia mexicana necesita más espacios de participación y libertades políticas, porque las candidaturas independientes podrán competir, pero no podrán sumar esfuerzos entre sí.
Por unanimidad, los nueve integrantes de la Corte declararon constitucional la prohibición establecida en Michoacán para que candidatos independientes realicen campañas conjuntas o compartan plataforma, propaganda, imagen o lemas; esta resolución fue aprobada a propuesta del ministro Arístides Guerrero, quien sostuvo que las candidaturas independientes son, por definición constitucional, una vía “unipersonal e individual”.
Según Guerrero, si un grupo de ciudadanos pretende participar de manera colectiva bajo una plataforma común, puede crear un partido político, como si eso fuera tan fácil, porque si bien parece un argumento parece impecable desde la lógica jurídica, resulta bastante discutible desde la perspectiva democrática.
Una cosa es evitar que las candidaturas independientes se conviertan en partidos políticos de facto y otra muy distinta cerrarles la posibilidad de coincidir, sumar esfuerzos y presentar ante los electores una alternativa común.
La reforma michoacana fue impugnada por Movimiento Ciudadano (MC) y por el Movimiento Independiente del Sombrero, fundado por el alcalde de Uruapan asesinado, Carlos Manzo; y más tarde se sumó la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Manzo.
Así que la Corte pudo haber optado por una interpretación más abierta de los derechos políticos, pero eligió validar restricciones que dificultan la construcción de alternativas ciudadanas, justo cuando los partidos políticos arrastran un creciente descrédito.
Sin embargo, la ministra Yasmín Esquivel discrepó de la prohibición y expresó que “(…) el propósito es evitar que las candidaturas independientes lleven a cabo campañas con candidatos que comparten una misma ideología política, lo cual no advierto en que perjudique el sistema democrático, que busca ampliar la oferta de opciones electorales a la ciudadanía”.
Asimismo, el ministro Giovanni Figueroa también consideró que la regulación atenta contra los derechos de libertad de expresión y asociación; pero al final, ambos ministros terminaron respaldando el resto de la resolución.
El papel de la actual Suprema Corte deja una impresión lamentable para quienes esperaban que el máximo tribunal del país fuera un contrapeso capaz de ampliar las libertades políticas, y desde una lectura crítica, la resolución puede ser vista como una decisión que termina favoreciendo al sistema partidista establecido y reduce el margen de maniobra de quienes pretenden competir al margen de las estructuras tradicionales.
Si los ciudadanos quieren organizarse, coincidir en una plataforma y respaldar candidaturas independientes, ¿por qué obligarlos a convertirse en partido político?
Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor
