LA BUFADORA
Por. – El Mosquito
CUCHILLITO DE PALO
¿Quién gana y quién pierde con todo este asunto de las filtraciones?
ENSENADA BC 17 DE JULIO DE 2026.- En política no hay coincidencias, y menos cuando prominentes figuras de Morena enfrentan una de las etapas más complicadas de su gestión, marcada por la difusión de audios y acusaciones mutuas que han generado una intensa polémica y otro capítulo de confrontación; así que la detención del ex mandatario panista Ernesto Ruffo Appel curiosamente ocurre justo en ese momento.
Sería irresponsable afirmar que ambos acontecimientos guardan una relación o que exista una estrategia deliberada para modificar la conversación pública, porque no hay elementos para sostenerlo, sin embargo, tampoco puede ignorarse que la captura de quien fuera el primer gobernador de oposición en la historia moderna del país desplazó de inmediato buena parte de la atención mediática hacia un personaje cuya relevancia política parecía pertenecer al pasado.
En México existe una larga tradición de sospechas alrededor de las llamadas “cajas chinas”, expresión utilizada para describir aquellos acontecimientos que, por su impacto, terminan relegando otros asuntos incómodos para el poder, una práctica muy común en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Y precisamente por esa historia, las autoridades tienen la obligación de actuar con absoluta transparencia cuando decisiones de gran trascendencia coinciden con coyunturas, digámoslo así, políticamente sensibles.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que la detención deriva de una investigación de alta complejidad relacionada con presuntas operaciones de contrabando de combustible y delincuencia organizada.
Si así es, corresponderá al Ministerio Público demostrarlo ante los tribunales y acreditar cada una de las imputaciones, porque el debido proceso será el único espacio donde pueda conocerse la verdad jurídica.
No obstante, existen antecedentes que inevitablemente generan interrogantes. Hace apenas unos meses, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró públicamente que no existían investigaciones en contra de Ernesto Ruffo.
Hoy la versión oficial es diametralmente distinta y habla incluso de una indagatoria de gran escala que derivó en una orden de aprehensión. Esa aparente contradicción merece una explicación clara.
Tampoco puede pasarse por alto que Ruffo Appel nunca actuó como una persona prófuga, dado que continuó desarrollando sus actividades públicas en Ensenada y, en distintas ocasiones, manifestó que estaba a disposición de las autoridades para comparecer cuando fuera requerido; por tanto, bajo esas circunstancias, la decisión de ejecutar una orden de captura, en lugar de optar por otros mecanismos procesales, alimenta inevitablemente las especulaciones en otro sentido.
Pero quizá la mayor interrogante proviene de la comparación con otros expedientes.
Mientras este caso avanzó con una rapidez que culminó en una detención de alto impacto, las investigaciones sobre el denominado huachicol fiscal descubierto en El Sauzal permanecen prácticamente sin resultados públicos: es tiempo que la ciudadanía sigue sin conocer quiénes integraban esa red, quiénes la financiaban, quiénes obtuvieron beneficios económicos y cuáles servidores públicos pudieron haber facilitado esas operaciones.
Algo similar ocurre con otros casos de gran relevancia nacional, como el del ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, respecto del cual han existido señalamientos e investigaciones ampliamente difundidas, pero cuyos avances judiciales no muestran la misma celeridad.
Esa diferencia en los tiempos de actuación es suficiente para que surjan cuestionamientos sobre la imparcialidad con que se aplica la justicia.
La FGR tiene ahora una doble responsabilidad. La primera, demostrar con pruebas sólidas las acusaciones contra Ernesto Ruffo; la segunda, convencer a la opinión pública de que la justicia actúa con el mismo rigor frente a todos los personajes, sin importar partido, cercanía con el poder o la coyuntura política del momento.
No es posible que existan investigaciones que avanzan con rapidez y otras que parecen dormir el sueño de los justos.
SERENIDAD
Antes que intercambiar acusaciones cada vez más delicadas, los principales actores políticos de Baja California harían bien en serenarse y recordar cuál es la responsabilidad que les fue encomendada por los ciudadanos.
La confrontación pública entre la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el ex mandatario Jaime Bonilla Valdez podrá alimentar la agenda mediática y el debate en redes sociales, pero difícilmente aporta una sola solución a los problemas que verdaderamente preocupan a los bajacalifornianos.
Las descalificaciones, los audios filtrados, las acusaciones de supuestas trampas y los señalamientos sobre presuntos vínculos con la delincuencia organizada son asuntos de enorme gravedad que, si cuentan con sustento, deben dirimirse ante las autoridades competentes y no en el terreno de la confrontación política, porque la justicia no puede sustituirse por conferencias de prensa ni por campañas de descrédito.
Mientras la clase política concentra sus energías en disputas personales, la ciudadanía sigue esperando respuestas en temas mucho más urgentes, dado que la inseguridad continúa siendo la principal preocupación en distintas regiones del estado; el sistema de salud enfrenta carencias que afectan a miles de familias; el sector educativo mantiene retos relacionados con infraestructura, cobertura y calidad, y la economía requiere condiciones de estabilidad para sostener la inversión y el empleo.
Baja California es una entidad cuya fortaleza depende en buena medida de la confianza que proyecta hacia el exterior, y más por su condición fronteriza, vocación exportadora y su estrecha relación económica con Estados Unidos, lo cual obliga a ofrecer certidumbre jurídica y política a quienes generan inversiones y empleos.
Los inversionistas observan con atención el ambiente institucional de los gobiernos donde colocan su capital, y un escenario dominado por enfrentamientos entre figuras de primer nivel no contribuye precisamente a fortalecer esa confianza.
La competencia política es parte natural de una democracia, pero una cosa es el debate de ideas y otra muy distinta convertir la vida pública en un intercambio permanente de acusaciones que profundizan la polarización y generan mayor incertidumbre.
Es momento de bajar el tono de la confrontación y elevar el nivel de la responsabilidad pública, pero si en verdad existen delitos, que los investiguen las autoridades; si hubo abusos, que se sancionen conforme a derecho, pero quienes hoy ocupan cargos de gobierno tienen la obligación de concentrarse en resolver los problemas cotidianos de la población.
¡QUE SÍ VA!
El proyecto del aeropuerto internacional de Ensenada entró en una etapa decisiva.
Esta semana, en la Ciudad de México, la alcaldesa Claudia Agatón sostuvo una reunión con autoridades de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, donde se formalizó el convenio de trabajo para instalar una Estación Meteorológica Automática, necesaria para iniciar los estudios técnicos de viabilidad, como ya lo había prometido semanas atrás.
El avance se da después de un año de gestiones para reactivar una obra estratégica para la conectividad y el desarrollo económico del municipio.
Este sancudo conoció un dato hasta ahora no revelado: la ruta de trabajo contempla concluir los estudios y permisos necesarios para iniciar la construcción del aeropuerto en 2028.
Ojalá, porque de cumplirse el calendario, Claudia Agatón podría pasar a la historia como la alcaldesa que no sólo reactivó el proyecto, sino que encabezó el arranque de la obra.
Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor
