LA BUFADORA
Por. – El Mosquito
CUCHILLITO DE PALO
¿Al final del proceso para designar al candidato o candidata de Morena a la gubernatura harán públicas las encuestas?
ENSENADA BC 13 DE JULIO DE 2026.-¡Qué bonito es legislar desde la comodidad!, pero sobre todo que te paguen un dineral por hacerlo irresponsablemente, sin importar las graves afectaciones económicas que se generen.
Un ejemplo de lo anterior es la diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Daylín García Ruvalcaba, quien presentó “(…) una iniciativa en el ámbito local y otra en el federal para establecer una licencia de paternidad de 12 semanas con goce íntegro de sueldo, equiparándola a la licencia de maternidad y reconociendo el papel activo de los hombres en el desarrollo de sus hijas e hijos”.
En el papel, esta ocurrencia luce moderna, progresista y políticamente correcta, porque nadie puede oponerse a que los padres participen más activamente en la crianza de sus hijos, el problema surge cuando dicho discursito se topa con la realidad económica.
Da la impresión de que muchos legisladores jamás han tenido que abrir una empresa, pagar una nómina, cubrir cuotas patronales, enfrentar auditorías fiscales o buscar recursos para mantener abiertas las puertas de un negocio.
Es muy sencillo repartir derechos cuando el dinero sale del bolsillo de otros.
Cada nueva prestación obligatoria incrementa el costo de contratar personal formal y resta competitividad a las empresas, particularmente a las pequeñas y medianas, que constituyen la inmensa mayoría de las fuentes de empleo en Baja California.
Mientras los diputados aprueban beneficios laborales sin preguntarse quién absorberá el costo, miles de empresarios hacen malabares para pagar salarios, impuestos, seguridad social, aguinaldos, vacaciones, sustituir ausencias porque el trabajo no se hace solo, y un largo catálogo de obligaciones legales.
Lo más preocupante es que este tipo de propuestas rara vez viene acompañado de un estudio serio sobre su impacto presupuestal; no se explica cuánto costaría al erario, cuánto tendrían que desembolsar los organismos de seguridad social ni cuál sería el efecto para los empleadores; pareciera que basta con invocar la igualdad para que los recursos aparezcan por arte de magia.
También resulta inevitable preguntarse a quién va dirigida realmente una iniciativa de esta naturaleza. Sus principales beneficiarios serían los trabajadores con empleo formal y estabilidad laboral, particularmente quienes laboran en los tres órdenes de gobierno y en organismos sindicalizados, es decir, un sector que representa apenas una parte del mercado laboral.
En cambio, millones de trabajadores del sector informal, así como los pequeños negocios que sobreviven día con día, seguirían enfrentando las mismas carencias de siempre.
No deja de llamar la atención que este tipo de iniciativas aparezcan cuando los actores políticos comienzan a posicionarse rumbo a futuros procesos electorales, y ofrecer más prestaciones laborales suma simpatías inmediatas entre ciertos sectores del electorado, aunque después sean otros quienes deban asumir el costo económico de hacerlas realidad.
La igualdad entre mujeres y hombres merece políticas públicas responsables y financieramente viables, no propuestas diseñadas para producir titulares o ganar aplausos fáciles mientras que poco a poco van acabando con las posibilidades reales de progreso, no de los patrones, sino de los propios trabajadores cuándos se quedan sin chamba.
NI MIRAN NI OYEN
Resulta cada vez más difícil sostener que en México existe un piso parejo en materia electoral cuando el propio Instituto Nacional Electoral (INE) observa, sin intervenir, una competencia que comenzó desde hace meses.
Cientos de aspirantes de Morena llevan mucho rato recorriendo los municipios que pretenden gobernar o representar, organizan mítines, reparten propaganda y construyen estructuras territoriales rumbo a las elecciones de 2027, pero la autoridad encargada de garantizar la equidad simplemente mira hacia otro lado.
El propio consejero Arturo Castillo, reconoce que el INE se ha convertido en “un árbitro que no está arbitrando un partido que empezó hace ya mucho tiempo”.
Lo más preocupante e indignante es que esta pasividad no obedece a un vacío legal, sino a una combinación de omisiones deliberadas e interpretaciones excesivamente complacientes.
Morena perfeccionó desde hace varios años la figura de los llamados “coordinadores de la Cuarta Transformación”, un evidente atajo para adelantar campañas sin llamarlas campañas; y este mecanismo ya fue utilizado para la candidatura presidencial y para diversas gubernaturas, y ahora vuelve a repetirse con absoluta normalidad y descaro.
El resultado es una simulación que todos conocen, pero que pocos parecen dispuestos a combatir; los aspirantes realizan actos masivos, promocionan su imagen, distribuyen playeras, gorras y folletos, movilizan simpatizantes y despliegan costosas estrategias sin que exista obligación alguna de transparentar quién paga la factura.
¿De dónde salen los recursos? ¿Quién financia los traslados, la propaganda y la logística de cientos de eventos realizados por todo el país?
Tampoco puede ignorarse la responsabilidad del bloque mayoritario dentro del propio Instituto, encabezado por Guadalupe Taddei, quien ha pospuesto una y otra vez la discusión de reglas para supervisar estos procesos anticipados; pero cada semana que transcurre sin lineamientos representa una semana más de ventaja para quienes ya están en campaña sin asumir las obligaciones que la ley impone a cualquier candidato formal.
Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor
