DESDE MI SOFÁ
Por: Obed Silva
TIJUANA BC 12 DE JULIO DE 2026.- Cómo parte de la guerra entre las facciones morenistas, se puso de moda utilizar al Instituto Estatal Electoral como una pieza de la artillería que emplean los grupos y personajes políticos en pugna.
Presentar denuncias ante el IEE, de forma directa o a través de terceras personas, con el objetivo de combatir a los adversarios, acredita la convicción antidemocrática de los miembros de un partido que prometió otro tipo de conducta.
Las denuncias electorales más frecuentes entre los miembros del “movimiento” son las que se refieren a presuntos responsables de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género.
Mientras que los golpes bajos se limitaron a ser una práctica entre ellos, los ciudadanos veían de lejos está forma de “hacer política”, el asunto se complicó ahora que aparecieron víctimas colaterales de la guerra al interior de la 4T en Baja California.
El problema surgido en la aplicación de dicha reivindicación en favor de las mujeres, es el que se refiere a distinguir la delgada línea que hay entre el derecho a la información y crítica respecto al desempeño de las mujeres en el servicio público y la violencia contra ellas por razón de su género.
Los actos u omisiones que denigran a las mujeres y tienden a limitar sus derechos político-electorales deben ser perfectamente identificables por cuánto a su propósito volitivo y con relación a los efectos que causan, no solo por lo que las apariencias pudieran indicar.
La violencia política contra las mujeres en razón de género es un acto ilegitimo que requiere de la intencionalidad de causar daño, esto significa que necesariamente debe haber dolo al inferir la agresión.
De esta manera, la ley exige que la acción u omisión tenga el invariable propósito (intención) de limitar, anular o menoscabar los derechos político-electorales de una mujer.
Requiere además, que el agresor realice conductas conscientes y dirigidas a obstaculizar el ejercicio del cargo, la toma de decisiones o la participación política de la mujer.
La violencia política contra las mujeres en razón de su género es una conducta social absolutamente condenable pero al mismo tiempo es un recurso que puede ser usado de forma desproporcionada por quien se siente agredida.
En el caso concreto y motivo de este artículo, es desproporcionado que desde el poder público y con recursos públicos se impute con el carácter de denunciada a Dora Elena Cortez Juarez por el hecho de ejercer el trabajo periodístico de informar a la población.
Es inaceptable que el dicho de un ciudadano sea atribuible a los colaboradores de AFN y mucho menos asumir que el dicho del ciudadano corresponde a la opinión de Dora Elena y de 19 de sus compañeros de trabajo.
Ante la terrible pifia, el presidente del IEE, fiel a su costumbre, se lavó las manos echándole la culpa al Tribunal de Justicia Electoral del Estado al señalar como imputada a Dora Elena Cortez Juarez dentro de una carpeta de investigación que decidió abrir e integrar la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del mismo instituto que preside quien ahora se lava las manos.
Desde que desapareció el delito de calumnias, creció la tendencia entre los servidores públicos a demandar a medios de comunicación con el propósito de menoscabar el trabajo periodístico y de información al que tenemos derecho los ciudadanos.
NOMAS POR JODER:
La expresión de la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero sobre nuestra Gobernadora, en verdad configura violencia política contra una mujer. Ojalá denuncien a la diputada y no a quienes dieron a conocer el horrible comentario de la panista.
Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor
