MÉXICO 19 JULIO 2019 (CIU).- Tras el reciente proceso electoral que vivió México, la ciudadanía eligió más de 3,400 cargos a nivel local y federal, donde Morena resultó ganador. Derivado de ello, se prevé la formación de un Gobierno Federal que contará con un amplio margen de maniobra para la consecución efectiva de su proyecto de gobierno.

En lo que atañe al sector convergente de las telecomunicaciones y la radiodifusión será crucial que la siguiente administración tome en cuenta los avances y las mejoras, pero también las asignaturas pendientes y los mecanismos necesarias para alcanzar su pleno y eficiente desarrollo.

Como se ha señalado en este espacio, una política integral de conectividad no puede estar sujeta a la temporalidad de un sexenio si lo que se busca es la gestación de condiciones de acceso óptimas para los mexicanos.

En este sentido, la administración entrante deberá dar continuidad al camino trazado por la Reforma de Telecomunicaciones y garantizar la consecución de los temas en curso ya en la actual administración.

El equipo del virtual Presidente Electo ha reconocido que la Reforma de Telecomunicaciones ha traído grandes cambios al sector de telecomunicaciones en los últimos cinco años, por lo que se asegura no será echada para atrás. Si bien también han reconocido que la Reforma y sus medidas serán revisadas.

Hasta el momento, los pronunciamientos y propuestas emitidas durante la campaña y el periodo de transición presidencial dejan entrever que las políticas a desarrollarse en próximos años tendrán un enfoque centrado en alcanzar una cobertura universal de conectividad, pero cumpliendo al mismo tiempo con la premisa de un gobierno austero.

Para ello se ha propuesto la creación de un fondo de $5,000 millones de pesos destinado a cobertura social, la revisión y mejora de programas y proyectos como México Conectado o la Red Compartida, así como una probable eliminación o replanteamiento del IEPS de Telecomunicaciones.

A la par, se han anunciado recortes en el gasto de publicidad del Estado, lo que no excluye el uso de tiempos oficiales que aún se encontrarán a disposición del gobierno.

Es encomiable la intención de la siguiente administración de cumplir con las obligaciones constitucionales del Estado en materia de conectividad. Sin embargo, es un error pensar que una política de cobertura se debe apartar de una política de competencia económica. Si bien los problemas de cobertura en el país también emanan de insuficiencias en el despliegue de infraestructura y otras barreras estructurales, la disponibilidad y adopción de estos servicios responde fundamentalmente a la falta de competencia en el sector.

Para el siguiente sexenio queda pendiente la consecución de competencia efectiva. Adicionalmente, otros pendientes en telecomunicaciones se refieren a la consecución de la separación funcional, la implementación eficaz de la regulación asimétrica y la verificación cierta del proyecto de la red troncal.

A ello se le suman las labores necesarias para consolidar un gobierno y economía digitales, así como la generación de condiciones óptimas para la innovación tecnológica, a través de la promoción a la inversión, la disponibilidad de espectro radioeléctrico para comunicaciones de nueva generación, entre otras.

De igual forma, cabe anticipar que siga latente la discusión en torno a la regulación de las plataformas de video por internet, la privacidad de datos, el Internet de las Cosas y la Neutralidad de la Red. Sin duda, el sector de telecomunicaciones requerirá de un esfuerzo conjunto que haga partícipes no solo al Estado, sino también a la industria, a los usuarios y a la academia, para atender y materializar los pendientes y las propuestas ante la próxima administración.