*.- En punto de acuerdo, legisladores federales cuestionan que militares resguarden las instalaciones
*.- Además otorgan por mayoría, “respaldo formal e institucional” a Pelayo
*.- SEMPRA se congratula de que diputados decidan conocer la realidad de la empresa
*.- El Ejército “ya no estaba”, fue retirado el pasado 17, dicen

Con votación mayoritaria, el Congreso de la Unión decidió respaldar al alcalde ensenadense Enrique Pelayo Torres en su decisión de intervenir en el caso de Energía Costa Azul, filial de SEMPRA ENERGY y de paso pidió el retiro del Ejército, que resguardaba las instalaciones de esa empresa.

Voceros de la trasnacional revelaron que los elementos castrenses se retiraron de sus instalaciones desde el pasado 17 de febrero y que sólo estuvieron ahí desde el día 12 y hasta la fecha indicada, por órdenes del gobierno federal, considerando que la operación de la regasificadora es considerada estratégica y cualquier manejo inadecuado podría haber provocado -entonces sí- un grave riesgo para la población.

Con 259 votos a favor, 95 en contra y 5 abstenciones, el Congreso federal decidió que se envíe un escrito expresando “su respaldo formal e institucional” al presidente municipal de Ensenada, para “llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias” el resolutivo Quinto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que en su sesión del 26 de enero abordó este tema y solicitó una investigación.

Tanto la página del legislativo federal como del ayuntamiento de Ensenada, publican este día ese “punto de acuerdo” presentado por el diputado José Narro Céspedes, del PRD, con respecto a la acción del alcalde porteño, quien en fechas recientes decidió la clausura total temporal de esa empresa regasificadora, propiciando la inmediata reacción de los gobiernos federal y del estado.

En su acuerdo, apoyando a Pelayo Torres -quien argumentó haber encontrado irregularidades sobre el uso del suelo y violaciones a diversas disposiciones legales- el poder legislativo del país decidió exhortar además al presidente mexicano para que retire del lugar a los integrantes de las fuerzas armadas.

“Se exhorta al Ejecutivo gire instrucciones al Secretario de la Defensa Nacional para que las fuerzas armadas de la zona militar que resguardan a Ensenada, se abstengan de intervenir en problemas de carácter legal y en defensa de una empresa que está incumpliendo las leyes mexicanas y contaminando las aguas marinas de la región”.

También acordó el envío de una comisión de diputados federales al municipio de Ensenada, para revisar a detalle la autorización que tiene SEMPRA para operar en ese puerto y para determinar “si hubo algún tipo de irregularidad en el otorgamiento de permisos por parte de administraciones pasadas”.

En otro párrafo pide que se comunique sobre este “punto de acuerdo” al gobernador José Guadalupe Osuna Millán y se le exhorte a que en cumplimiento del “pacto federal” establecido en la Constitución: “las dependencias a su cargo expresen un comportamiento republicano, de pleno respeto a la autonomía municipal, basada en el ejercicio de las atribuciones y facultades que le son otorgadas por las leyes“.

De igual forma demandó que se comunique el resolutivo, al Congreso del Estado de Baja California, para los fines que considere pertinentes.

Se complace la empresa de que investiguen

SEMPRA ENERGY, que maneja Energía “Costa Azul” en Ensenada, se dijo complacida de que los diputados federales hayan decidido allegarse información confiable en el caso de la regasificadora, punto de discusiones de los tres niveles de gobierno.

Indica que la Cámara federal de diputados acordó este día la creación de una Subcomisión que dependerá de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que se traslade al puerto de Ensenada y realice la revisión correspondiente.

Sempra indica que ese grupo de legisladores ha sido instruido para que se reúna con las autoridades y conozca en detalle la situación relacionada con las autorizaciones que recibió la empresa para su operación.

Se busca que esa representatividad , verifique con el apoyo de las autoridades de los tres niveles de gobierno, el cumplimiento por parte de Energía Costa Azul, de la legislación que la rige, así como de la reglamentación y normas oficiales mexicanas aplicables en la construcción y operación de la terminal. También que verifique los criterios con los que se otorgaron esos permisos, licencias y documentos necesarios.

“La decisión tomada por los diputados federales la interpretamos como signo del compromiso del Poder Legislativo Federal con la transparencia en los asuntos de interés para la vida nacional”, expresó la empresa.

Luego hace notar que con la participación de un grupo plural de legisladores, ajenos a intereses particulares “la empresa está segura de que se aportará a la comunidad, información confiable y fidedigna, ratificando la sustentabilidad ambiental e importancia estratégica de la empresa en el desarrollo regional”.

SEMPRA hizo patente su convicción de que como resultado de las acciones de la Subcomisión legislativa, se expondrá de forma objetiva “el apego a la legalidad con que se ha conducido en México”.