ROSARITO BC 30 de septiembre de 2013 (AFN).- El ex Secretario de Seguridad Pública Municipal de Rosarito, Jorge Eduardo Montero Álvarez fue inhabilitado por un periodo de tres años en los que no podrá atender cargos públicos, por supuestos actos de “corrupción” que le fueron comprobados, se dijo.
Al igual que ocurrió en Tijuana con el Teniente Coronel, Julián Leyzaola Pérez, a quien se le inhabilitó por no atender los requerimientos de la autoridad municipal, ahora en Rosarito al Capitán Montero se le sancionó de esta forma, bajo el argumento de que se encontraron “suficientes elementos que comprueban que cobró cuotas a policías municipales de la sección auxiliar, durante la administración municipal de Hugo Torres Chabert”.
Fue el propio Director de Seguridad Pública Municipal de esa ciudad –con quien Montero ha sostenido implacable enfrentamiento- quien informó lo anterior y dijo que se realizó una exhaustiva y minuciosa investigación que se desarrolló durante más de un año.
Castro hizo saber también que en agosto de 2012, al asumir la titularidad de la Dirección de Policía, descubrió 30 recibos en original, fechados entre 2008 y 2010, que evidenciaron una red de corrupción, mediante la cual, Montero exigía, a través de sus subalternos, pagos de cuotas semanales de 100 a 300 pesos a los elementos de la Policía Auxiliar.
“Al enterarme de estas irregularidades, denuncié los hechos ante la Sindicatura Municipal" afirmó Francisco Castro.
La inhabilitación fue emitida el 11 de septiembre de este año y le fue notificada a Montero el 27 de este mismo mes. La misma advierte que: "Se acredita que el C. Jorge Eduardo Montero Álvarez, al desempeñarse como Secretario de Seguridad Pública en la Administración del H. IV Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., recibió una remuneración fuera de las obligaciones que le correspondían en su carácter de servidor público, que fue recaudada a los elementos de la Policía Auxiliar a partir del mes de diciembre de 2007 hasta noviembre de 2010, lo que se encuentra fuera del marco jurídico normativo aplicable en Seguridad Pública Municipal, pues no existe marco jurídico que lo autorizara a realizar tal conducta".
Luego establece la resolución que Montero "obró con plena conciencia de que la conducta desplegada -el cobro de cuotas a los elementos de la Policía Auxiliar- resultaba contraria a las normas que estaba obligado a observar como consecuencia del cargo que desempañaba en la administración pública municipal", que era presidida por Hugo Torres Chabert.
