TIJUANA, BC 19 DE JUNIO DE 2019 (AFN).- Por unanimidad, Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, declararon improcedente ante esa instancia el recurso interpuesto por el Gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, para que resolviera el periodo de la próxima gubernatura, y ordenó que sea el Tribunal Electoral local el que resuelva al respecto.
En resolución emitida este miércoles, de la cual AFN obtuvo una copia, la Magistrada ponente, Mónica Aralí Soto Fregoso, expuso en su proyecto, que fue aprobado por los demás integrantes de la Sala Superior, que el juicio para la protección de sus derechos político electorales interpuesto por Bonilla Valdez, debe cumplir con el llamado “principio de definitividad”, es decir, debe agotar todas las instancias posibles en este caso, con un recurso de revisión ante el Tribunal de Justicia Electoral en Baja California.
El pasado 14 de junio, tres días después de recibir la constancia que lo acredita como Gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “per saltum”, una demanda de juicio para la protección de sus derechos políticos electorales.
Lo anterior, en relación con el Decreto 112 publicado en el Diario Oficial del Estado el 17 de octubre de 2014, mediante el cual se hicieron modificaciones en aspectos electorales a la Constitución local, señalando específicamente el artículo transitorio octavo, que indica que la próxima gubernatura será por un periodo de dos años.
Derivado de ello, y tras un recurso interpuesto por el propio Bonilla Valdez ante el Tribunal Electoral local, éste resolvió el 14 de mayo pasado la inaplicación de dicho transitorio, con lo cual dejaba el periodo del próximo gobernador en seis años sin embargo, una impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Federal revocó la sentencia del tribunal local.
De esta manera, y de acuerdo con la resolución emitida este miércoles, será el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, el que deberá conocer y resolver en consecuencia, el recurso de revisión que deberá interponer Bonilla Valdez en defensa de sus derechos políticos.
