TIJUANA, BC 2 DE FEBRERO DE 2012 (AFN).- La síndico procuradora del 20 Ayuntamiento de Tijuana, Yolanda Enríquez de la Fuente, desmintió a Raúl Corona Sesma, defensor legal del ex edil municipal Jorge Ramos Hernández, quien advirtió sobre una supuesta improcedencia de la demanda de juicio político anunciada en su contra.

“Fue una decisión que él (Ramos Hernández) tomó, no quiso pagar, así de fácil” sentenció la funcionaria municipal, cuestionada sobre los argumentos que Corona Sesma dijo que se utilizarán para defender al ex presidente municipal de la demanda que enfrenta, tanto administrativa como penal.

El ex munícipe panista fue acusado por no hacer uso correcto del erario público durante su administración, ya que no se pagaron contribuciones ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali).

Según recientes declaraciones del representante legal de Ramos Hernández, un juicio político "no procede", porque el artículo 13 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, establecen que cualquier ciudadano podrá formular por escrito a la presidencia del Congreso del Estado una denuncia de juicio político, y no una autoridad municipal.

Señaló que, bajo argumentos legales, la definición de “ciudadano” es estrictamente la de un hombre o mujer que posee garantías individuales, sin embargo, la demanda en contra del ex edil fue interpuesta por el actual 20 Ayuntamiento, quien a su juicio “no es un ciudadano", sino una instancia de gobierno.

En respuesta, Enríquez de la Fuente aseguró que lo anterior sí está escrito en la citada Ley, pero la sindicatura como autoridad tiene la obligación de proceder como considere necesario en caso de detectar cualquier irregularidad en las acciones de algún servidor público, como se afirma ocurrió en el caso Ramos Hernández.

"La defensa que utiliza el abogado de Ramos Hernández no prueba su inocencia, por el contrario, los argumentos se fundamentan en lagunas legales, que buscan que no sea procesado por los delitos que se le señalan y que podemos comprobar, sí incurrió; la decisión de no pagar las cuotas sindicales fue deliberada y a expensas de la seguridad de los trabajadores", dijo Enríquez de la Fuente.

Además del artículo 13, Corona Sesma dijo que otra de las defensas se fundamenta en la “inconstitucionalidad” en cuanto al señalamiento por “malgastar las arcas municipales” durante su administración; lo anterior ya que según el artículo 115 señala que los municipios administraran libremente su hacienda.

Este apartado manifiesta que un alcalde tiene las facultades para gastar el erario como mejor considere; por lo que el Congreso local, al permitir el seguimiento de la denuncia penal en este sentido, “restringe su derecho autónomo”, sentenció el abogado.

En este sentido, la sindico procuradora señaló que lo anterior no representa ningún retroceso en la demanda, ya que a través de la investigación que realizó la dependencia se puede comprobar que durante cada mes la cuenta del ayuntamiento tenía un promedio de entre 300 y 320 millones de pesos, además que al final de la administración se realizó un pago por 5 millones de pesos para autopartes.

Dicho gasto fue cuestionado por Enríquez, ya que a su juicio pudieron al menos "dar un abono”.

Por último, destacó que el expediente del ex edil tijuanense inicio en “su propia administración (…) cuando aún era alcalde de la ciudad” debido a una queja que interpuso el regidor Francisco Gómez Medina al percatarse de que no se estaban liquidando las cuotas sindicales (…) lo único que hicimos fue darle continuidad”.