Admiten amparo de la 8
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Admiten amparo de la 8

TIJUANA, BC - domingo 8 de enero de 2012 - Gilberto LAVENANT.
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*.- Deben justificar actos de gobierno

*.- Audiencia constitucional 20 enero

*.- La incidental el miércoles 11

Por Gilberto LAVENANT

TIJUANA,  BC 08 DE ENERO DE 2012(AFN).- El Juez Décimo Sexto de Distrito admitió la demanda de amparo promovida por un grupo de ciudadanos en contra del Alcalde y el Cabildo del XX Ayuntamiento de Tijuana, para tratar de impedir la demolición y venta de las edificaciones en donde funcionó la comandancia de la policía municipal, el cuartel de bomberos y talleres municipales.

La solicitud fue presentada el jueves 5 de enero del 2012 y al día siguiente el juez federal, Lic. Erik Zabalgoitia Novales, acordó la admisión, siendo registrada bajo expediente 04/2012-I y requirió a las autoridades señaladas como responsables, rindan informe justificado y exhiban las constancias correspondientes a los mismos, dentro del término de 5 días.

La audiencia constitucional, en la que se debe resolver si se otorga o se sobresee el amparo y protección de la Justicia de la Unión, fue señalada para llevarse a cabo a las 10:40 horas del día viernes 20 de Enero del año en curso.

“Requiérase –indica el acuerdo- a las autoridades responsables para que junto con su informe justificado remitan copia certificada debidamente legible de las constancias conducentes”.

El juzgador hace hincapié en que los promoventes del amparo, solicitan la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que no se destruya el edificio que denominan “Histórica Central de Bomberos Número 1”, así como las instalaciones de los talleres municipales ubicados en la Calle Octava y Constitución, en la zona centro de esta ciudad de Tijuana.

Sin embargo, niega la suspensión de oficio de los actos reclamados, al no haberse acreditado que efectivamente las edificaciones son parte del patrimonio cultural de Baja California.

De la misma manera se niega la suspensión de la venta de dicho inmueble, en tanto que la posible venta es un acto futuro. En tales condiciones, el juez federal solamente habrá de analizar la legalidad de los actos reclamados.

Por cuanto hace a la suspensión provisional, consistente en la venta del inmueble, también se niega por tratarse de actos futuros y de realización incierta, quedando pendiente resolver sobre la suspensión definitiva. Esto deja abierta la posibilidad de que los quejosos presenten una nueva solicitud de amparo en cuanto se haga pública la licitación para la venta, la que deberá estar debidamente fundada y motivada.  

La audiencia incidental, respecto a la suspensión de los actos reclamados, fue señalada para llevarse a cabo a las 9:30 horas del próximo miércoles 11 de enero del año en curso.

Tal y como ya se había dado a conocer, en un hecho casi insólito, un grupo de 5 tijuanenses, José Guadalupe Alvarado Luna, Saúl Torres Barbosa, Eliseo Arturo Sandoval Cabrera, Rosa María García Andrade y Wagner Antonio Sandoval Medellín, promoviendo por su propio derecho, presentaron escrito demandando el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que fuese suspendida la demolición de las instalaciones en las que durante más de 40 años operaron la policía municipal, la cárcel preventiva y la central de bomberos.

El sábado 24 de diciembre, en sesión extraordinaria de Cabildo, por mayoría de sus integrantes, se decidió desincorporar dicha edificación del dominio público del gobierno municipal, a fin de proceder a su venta. Sin embargo, el 31 de diciembre, y al parecer sin determinación previa del Cabildo del XX Ayuntamiento, maquinaria de una empresa particular, inició trabajos de destrucción y demolición del edificio de la Comandancia de Policía y Tránsito Municipal y para el día 2 de Enero del 2012, iniciaron los trabajos para la destrucción de la Cárcel Pública Municipal, ya desaparecida y luego continuaron con las instalaciones de la Central de Bomberos.

Con la admisión de la demanda de amparo, se inicia formalmente, en la vía judicial, la lucha iniciada en contra de la posible venta del predio en el que se ubicaban instalaciones de policía, cárcel y bomberos, ya demolidas.

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