MEXICALI, BC 9 DE DICIEMBRE DE 2011 (AFN).- Tres funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) fueron cesados de sus cargos por incurrir en diversas anomalías, uno por estar relacionado al crimen organizado, otro por faltar al respeto a dos ciudadanas y uno más por favorecer a un amigo con herramientas exclusivas de servicios periciales.
De acuerdo con la información dada a conocer por la PGJE esta tarde, el visitador general de la PGJE, Joel Hidalgo Dueñez Hurtado, informó el cese de tres funcionarios de la dependencia quienes laboraban en los municipios de Mexicali y Tijuana; con esto, se agrega en el informe, se eleva a 33 el número de servidores públicos que han sido dados de baja en lo que va del año en esa dependencia.
El funcionario estatal informó lo anterior en una rueda de prensa realizada en las instalaciones de Mexicali en compañía del coordinador del área de responsabilidades de la visitaduría general, Fernando Lorenzo Diego Muñoz; donde refirió que tras una investigación efectuada por este órgano de control interno se determinó que los servidores públicos incurrieron a faltas a la Ley Orgánica de la PGJE y a su reglamento, y de la Ley de Seguridad Pública del Estado.
Respecto a los casos, se informó que uno fue el pasado 14 de octubre contra Reydasel Márquez Hernández, canalizador que laboraba en la Agencia del Ministerio Público Receptora de Mesa de Otay, servidor público presunto responsable de faltar al respeto a dos ciudadanas haciéndoles diversos comentarios inapropiados de tipo erótico sexual, y entre otras cosas solicitándoles a ambas en diversas fechas que le hicieran favores de dicha naturaleza.
Otro más fue el 14 de noviembre contra Jesús Quiñónez Márquez, agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Enlace Internacional de la PGJE, quien el pasado 23 de julio del 2010, fue arrestado por el Alguacil de los Estados Unidos adscrito al Buró Federal de Investigaciones (FBI), en cumplimiento a la orden de arresto girada por el Juez Magistrado de los Estados Unidos Distrito Sur de California.
Se le acusa desde entonces del delito de conspiración para llevar a cabo actividades empresariales por medio de actividades ilícitas, denominada “Conspiración RICO” (Conspiración de una Organización Criminal Corrupta Influenciada por Actividades ilícitas), organización criminal controlada por Fernando Sánchez Arellano.
Cabe señalar que este ex funcionario actualmente se encuentra en custodia del Fiscal General, preso en un centro correccional del Estado de California, en Estados Unidos, según el informe.
El último cese referido fue el 24 de noviembre, contra Roberto Nicolás Díaz de León Maldonado, perito médico de la PGJE zona Mexicali, toda vez que hizo uso indebido del equipo y recursos de la institución a favor de un tercero ajeno a la misma.
"Contrario a la ética y traicionando la confianza otorgada, dispuso de las herramientas tecnológicas de la jefatura de servicios periciales zona Mexicali y elaboró un dictamen pericial en materia de criminalística, el cual entregó a un particular para que lo presentara como propio en un juicio", se informó en dicha conferencia.
