*.- Ciudadana no ratificó acusación contra ex alcalde de Tijuana y otros
*.- cuatro señalados, dijo diputado estatal Ricardo Magaña.

El Diputado local Ricardo Magaña Mosqueda, señaló que la solicitud de los cuatro juicios políticos, entre ellos el de el ex alcalde de Tijuana Jorge Ramos Hernández, fueron desestimados por el Congreso del Estado, ya que en ninguno de los casos existió la ratificación por parte de María Teresa Vallejo Pérez.

Magaña Mosqueda, quien representa al XI Distrito local en la 20 Legislatura de Baja California, dijo a Agencia Fronteriza de Noticias (AFN), que la Comisión encargada dentro del Congreso de abordar las solicitudes de juicio político emitidas por Vallejo Pérez, dictaminaron el pasado 23 de junio que no procedían debido a la falta de ratificación.

El legislador explicó que, cuando un ciudadano denuncia a un funcionario y solicita su juicio político, éste debe ir a confirmar ante el Congreso con la finalidad de que se le de un seguimiento, de lo contrario, el caso se desecha.

Las cuatro denuncias fueron interpuestas por Vallejo Pérez quien fue candidata para ser diputada por la bancada del Partido de la Revolución Democrático (PRD).

En ellas exige que Ramos Hernández; Enrique Méndez Juárez, actual dirigente municipal del Partido de Acción Nacional (PAN); Ana María Fuentes Díaz, ex diputada de la anterior legislatura por el PRD; y el priista Roberto Alcides Beltrones Rivera, actual secretario general del gobierno municipal, sean sometidos a un juicio político.

En el documento presentado por la ex candidata, acusa al ex edil de incurrir en actos y omisiones que perjudican al medio ambiente de la ciudadanía de Tijuana, además, pide se investigue el caso de “venta de arena” de las obras realizadas en el estacionamiento municipal, ya que es importante saber a quién se benefició con esto económicamente.

En el caso de Méndez Juárez, explicó que “violentó el artículo 8 de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, instrumento internacional ratificado por México, al realizar violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales” refiriéndose al trato que recibían los menores del centro de atención a menores, lo cual terminó en la fuga de 16 de ellos el 24 de julio de 2009.

Por último, explicó que las demandas contra Fuentes Díaz y Beltrones Rivera, se deben a que en su calidad de servidor público de la XIX Legislatura violentó sus garantías individuales e incurrió en actos y omisiones que perjudican a la democracia de los gobernados.