ENSENADA, BC 15 DE AGOSTO DE 2011 (AFN).- La diputada local Claudia Agatón Muñoz señaló que la empresa Zeta Gas debe suspender totalmente sus actividades en Costa Azul, debido a que atenta contra la seguridad de los ciudadanos y el medio ambiente, de ahí que se le negara un amparo.

La legisladora por el Partido del Trabajo indicó que el Ayuntamiento de Ensenada debe actuar en consecuencia para impedir que la empresa continúe con la construcción de su planta en Costa Azul, sobre la carretera escénica Tijuana-Ensenada.

Y es que el Tribunal Colegiado de Mexicali negó el amparo solicitado por Zeta Gas, con el cual pretendía evadir la suspensión provisional de la construcción de la terminal marítima y de almacenamiento de gas LP.

“Impedir la instalación y operación de esta planta de almacenamiento en un sitio eminentemente turístico, debe ser un mensaje para que ninguna empresa viole reglamentos y ordenamientos de uso de suelo”, advirtió Agatón Muñoz.

La diputada agregó que los donativos en especie y en efectivo hechos por la empresa regasificadora al Ayuntamiento de Ensenada, durante la gestión de  Pablo Alejo López Núñez, deben ser investigados.

“Recordamos también que en el año 2009, el pasado ayuntamiento accedió a otorgar el permiso para la obra y además aprobó recibir 7 millones de dólares y al menos otros dos en especie”, destacó.

El ayuntamiento de Ensenada recibiría 4 millones de dólares en partes, y un millón de dólares cada año para concluir en el 2012, detalló la legisladora local.

“Por salud pública y evitar especulaciones, Sindicatura debe informar el destino de las millonarias donaciones realizadas por esa empresa”.

Agregó que en octubre del año pasado se pidió al Congreso del Estado que se investigara la instalación de esta empresa gasera, lo cual fue aceptado por la Comisión de Ecología.

En tanto que el 5 de noviembre de 2009, un juez civil ordenó la suspensión del proyecto luego de una denuncia que generó un interdicto de obra peligrosa, interpuesto por la empresa Mirador Baja.

“A esa decisión han seguido diversos procedimientos judiciales. Es tiempo de que el Ayuntamiento actúe para negar en definitiva la instalación de dicha planta de almacenamiento que representa un alto riesgo a la seguridad”.