CIUDAD DE MÉXICO 23 DE JULIO DE 2026 (AFN).- La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, provocó este miércoles 22, un ríspido enfrentamiento entre Morena y la oposición durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde legisladores intercambiaron acusaciones de persecución política, protección a personajes del oficialismo y aplicación selectiva de la justicia, en un debate que incluyó carteles, fotografías y señalamientos directos desde la tribuna.
Uno de los posicionamientos más enérgicos fue el del senador bajacaliforniano José Máximo García López (PAN), quien calificó a Ernesto Ruffo como "el primer preso político de este sexenio" y sostuvo que Morena "no mide con la misma vara" para aplicar la ley. Aseguró que no existe una sola prueba que incrimine al exmandatario estatal y cuestionó que se le pretenda presentar como responsable de una de las mayores redes de contrabando de combustible del país.
El legislador vinculó la detención con la crisis política generada por los audios atribuidos a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, al afirmar que, tras su difusión, el Gobierno Federal desvió la atención con el caso Ruffo. También reclamó que mientras se actúa con rapidez contra el exgobernador, otros expedientes relacionados con personajes de Morena permanecen sin resultados.
En uno de los momentos de mayor tensión de la sesión, García López exhibió desde la tribuna un cartel con dos imágenes: de un lado la fotografía de Ernesto Ruffo con la leyenda "Este es Ruffo", y del otro una imagen del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acompañada de la frase "Este es rufián", en alusión a las investigaciones que enfrenta esa entidad.
La respuesta de Morena no se hizo esperar. Legisladores del partido guinda mostraron carteles con fotografías de Ruffo Appel, recordando que durante su administración en Baja California ocurrió el fortalecimiento del Cártel Arellano Félix y el asesinato del entonces candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, buscando desacreditar el argumento de que el exgobernador es víctima de persecución política.
El debate subió aún más de tono cuando el vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila Anaya, acusó a los gobiernos panistas de haber sido "los reyes del huachicol", rechazó que exista persecución política y sostuvo que el proceso contra Ruffo deriva de una investigación iniciada desde hace más de un año por la Fiscalía General de la República. Insistió en que nadie debe estar por encima de la ley y que serán los jueces quienes determinen las responsabilidades correspondientes.
Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, llamó a esperar el resultado de las investigaciones ministeriales y sostuvo que el país enfrenta una red de contrabando de combustibles de grandes dimensiones, por lo que pidió no anticipar juicios políticos antes de que concluyan las indagatorias.
Desde la oposición también participaron otros legisladores, entre ellos Carolina Viggiano Austria, del PRI, quien demandó que el proceso se conduzca con absoluto respeto al debido proceso y advirtió que el Gobierno Federal deberá demostrar con pruebas las imputaciones formuladas contra el exgobernador, evitando convertir el caso en un instrumento político. Asimismo, Gibrán Ramírez cuestionó que las investigaciones avancen con mayor rapidez cuando involucran a personajes de oposición que cuando alcanzan a funcionarios identificados con Morena, y pidió que la justicia se aplique con el mismo criterio para todos.
La confrontación estuvo acompañada por gritos, interrupciones y consignas entre legisladores de ambas bancadas, mientras desde distintos escaños se levantaban cartulinas y fotografías para reforzar los argumentos de uno y otro lado. Videos de esos momentos comenzaron a difundirse en redes sociales prácticamente de manera simultánea al desarrollo de la sesión, convirtiendo el debate en uno de los temas políticos más comentados de la jornada.
La discusión legislativa ocurrió mientras continuaba la audiencia en la que se definió la situación jurídica de Ernesto Ruffo Appel y de otros siete imputados, acusados por la Fiscalía General de la República de presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles dentro de una investigación relacionada con una red de "huachicol fiscal".
