El Congreso local aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Presidente de la República, a que se investigue y sancione a quienes propiciaron la muerte de Ramón Durán Muñoz, quien junto con su familia fue víctima de un operativo militar el pasado 7 de marzo en el poblado de Maneadero, en Ensenada. 

 

La propuesta fue presentada por el Diputado Francisco Javier Sánchez Corona, a nombre de la Diputada Claudia Agatón Muñiz y del presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Marco Antonio Vizcarra Calderón, y fue aprobada de manera unánime con dispensa de trámite. 

 

Sánchez Corona dio a conocer que los hechos ocurrieron la noche del lunes 7 de marzo, cuando militares asignados a labores de inteligencia, encapuchados, vestidos de negro y con armas largas, invadieron la casa de la víctima sin orden de cateo, de forma violenta e ilegal. 

 

En el domicilio de la familia Durán se encontraban el propio Ramón Durán, su hija María Guadalupe Duran junto con su esposo; Javier Delgado y el hijo de ambos, Javier Delgado Durán, de 12 años. 

 

Los militares, afirmaron los quejosos, intentaron asesinarlos al cortar la línea del gas LP e introducirla por la ventana de su casa, además de golpearlos y amenazarlos de muerte. 

 

Después, en base a supuestas denuncias anónimas que nadie puede corroborar, el personal de inteligencia militar los trasladó a las instalaciones de la PGR en abierta violación a sus derechos humanos, donde permanecieron en poder del ejército, incomunicados, sin asistencia legal y sin asistencia médica, enfatizó el Diputado Sánchez Corona. 

 

Sin embargo, dijo, esto que se inició como un atropello, tiene ahora un desenlace fatal, pues a causa de la incomunicación de que fue objeto, el señor Durán falleció el pasado lunes 4 de abril en la ciudad de Ensenada, cuando era trasladado del Centro de Readaptación Social al Hospital General del puerto. 

 

Ese mismo día, junto con sus familiares, habían llegado del CERESO de la Mesa en Tijuana. 

 

La familia refiere que desde que fue detenido por el ejército y luego puesto a disposición de la Procuraduría General de la República, estuvo incomunicado y le fueron negados los medicamentos que por su diabetes y otras enfermedades crónico degenerativas relacionadas con su edad, le eran indispensables. 

 

Don Ramón, que había sido agricultor, vivía con su hija y hacía años que casi no salía por las enfermedades que padecía y no tenía antecedentes penales, pero a pesar de esto, el Juez le había negado la posibilidad de seguir el proceso en su domicilio, prerrogativa a la cual tenía derecho a causa de su edad, conforme lo dispone el Código Penal Federal, artículo 55 sin embargo, acusan, el ejército se opuso a esta garantía, concluyó el Diputado Francisco Sánchez Corona.