Ciudad de México 26 de enero de 2015 (lasillarota.com).- Las autoridades deben ejercer el Estado de Derecho para frenar la impunidad de los diversos ilícitos que la Iniciativa Privada del país enfrenta, pues estos actos tienen un costo que representa 10 puntos del PIB, aproximadamente 1.7 billones de pesos al año, señalaron grupos empresariales.

En un desplegado dirigido a los tres órdenes de gobierno destaca que las pérdidas incluyen  inversiones no hechas, robos, gastos en sistemas de seguridad, entre otros. Además de que provocan que la economía deje de crecer al año entre 1 y 1.5 puntos.

El director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Luis Foncerrada, consideró que existe un ambiente “hostil a la actividad económica, al no haber Estado de derecho, ni confianza en las instituciones en la protección del patrimonio, entonces las empresas dudan en invertir”, apuntó.

Destacó que el sector empresarial del país ha enfrentado secuestros a transportistas, saqueos y robos entre otros ilícitos durante los últimos años, pero que se han recrudecido luego de los acontecimientos sociales en Guerrero, Oaxaca y Michoacán.

Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Pablo Castañón, dijo que el año pasado se reportaron 188 unidades de pasajeros robadas, 37 hurtos en la cadena de proveeduría, 217 tripulaciones y vehículos afectados, 4 mil 337 ilícitos contra la industria de alimentos, dos saqueos a tiendas de autoservicios y 44 manifestaciones violentas en diversos puntos del país.

Destacó que también el año pasado, el robo de autos y camiones con violencia se incrementó en estados como Baja California Sur, en 141%; Tabasco, 70%; Oaxaca, 43%; Quintana Roo, 41%, y en Sonora con 31%, según la Oficina Coordinadora de Riesgos Asociados (OCRA).

Sin embargo, la Asociación Nacional de Transporte Privado que agrupa a empresas como Bimbo, Sabritas, Corona, Superior, ICA, y Femsa, ha reportado una disminución de ataques contra sus camiones distribuidores, pero hay carreteras donde todavía es peligroso circular; por ejemplo, la de Monterrey-Ciudad Victoria; la de Ciudad Victoria-Nuevo Laredo, Atlacomulco-Tlajomulco y algunas en Sinaloa y Oaxaca.

En cuanto a la inseguridad, no hay industria que no haya sido afectada, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero) ha sostenido que el índice de robos disminuyó en 2014, respecto a 2013, aunque hay algunos sitios como Nuevo León y el Estado de México donde el problema se ha recrudecido. De enero a octubre el robo subió a 5 mil 648 toneladas de acero.

Incluso, el director general de la Canacero, Salvador Quesada, ha señalado que el crimen organizado se ha filtrado en las minas, donde extrae mineral de hierro.

Otra área que ha denunciado situaciones similares, es la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) que señaló recientemente, que en 2014 las mermas por estos flagelos alcanzaron 10 mil millones de pesos.

Por su parte, el director general Adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales, ha denunciado que “hay dos frentes abiertos, donde hay ataques directos a empresas distribuidoras: Guerrero y Tamaulipas. El año pasado, en Guerrero, cerraron dos distribuidoras por amenazas y violencia”.

La publicación del sector empresarial se dio como respuesta a las agresiones que sufrieron 2 mil 500 personas que asistieron al Congreso de Emprendedores en Chilpancingo, Guerrero, y al secuestro de camiones de Coca-Cola y Modelo en Iguala, que utilizaron grupos de choque para impactarlos en el portón del 27 Batallón militar de Iguala.