Columnista de la SillaRota: VIDAL LLERENAS MORALES

Me he inscrito al proceso de selección interna del PRD para ser postulado a diputado federal.
 
Me parece que la elección de los representantes de los partidos se debe fundamentar en la trayectoria personal, el conocimiento del electorado del candidato y en las propuestas que ofrece impulsar como legislador. Esos tienen que ser los criterios para que el sistema político sea funcional para la sociedad.
 
Por supuesto, los temas que me comprometo a apoyar corresponden a una agenda progresista que pretenden reducir la desigualdad, fortalecer la capacidad del Estado, respetar la diversidad de la sociedad, construir un estado de bienestar, cambiar la política económica para generar crecimiento y transformar mecanismos de procuración de justicia. Aprovecho este espacio para abundar en mis propuestas, en esta entrega, en lo que se refiere a los temas económicos y política social.
 
Si creemos en un Estado capaz de reducir la brechas de desigualdad y moderar las fuerzas del mercado, es necesario que México deje de ser uno de los países que menos recauda. La desigualdad se corrige con impuestos progresivos a los ingresos, como parte de un sistema tributario sencillo y un gasto público que redistribuya la renta y financie la inversión.
 
La reforma fiscal anterior apenas incrementó los ingresos en alrededor de un punto del producto interno bruto y el gasto público no se utilizó para impulsar el crecimiento. Las alternativas de política fiscal, serían establecer una sobretasa a los ingresos por dividendos no reinvertidos y reducir aún más la posibilidad de consolidación fiscal de las grandes empresas. Es posible también establecer un impuesto a las herencias de montos elevados.
 
El buen federalismo fiscal es el que combina responsabilidad recaudatoria para los estados con facultades definidas en cada una de las áreas de política. Las mayores facultades tributarias locales se deben condicionar a que los estados acrediten avances en temas de transparencia, armonización contable y evaluación del gasto.
 
El sistema de coordinación fiscal tiene que ser reformado para que las entidades participen en el cobro en áreas en las que tienen ventajas comparativas, como el régimen intermedio del impuesto sobre la renta para las personas físicas.
 
Además, es necesario reformar el marco legal para que se modernicen, armonicen y se establezcan sistemas y censos fotográficos de las propiedades del país con la finalidad de poder cobrar con eficiencia el impuesto predial. Esto solamente sucederá con políticas y leyes federales.
 
Una de las principales discusiones que se debe dar en la Cámara de Diputados es cómo encontrar los mecanismos para que el gasto sea más transparente, bien evaluado y mejor asignando. En los hechos sucede lo contrario, la infraestructura en transporte se fragmenta, el gasto en cultura y deporte se asigna sin proyectos y el del campo es capturado por las organizaciones.
 
El Congreso requiere de una oficina de presupuesto con la capacidad de procesar la evaluación del gasto que ya existe para que se utilice en la discusión presupuestal y genere un banco de proyectos debidamente evaluados, de tal manera que los diputados puedan elegir entre estos.
 
El país ha invertido poco en estudiar los proyectos de inversión que pueden tener el mayor impacto en la economía, en la competitividad y en la calidad de vida de los mexicanos. Esa oficina se coordinaría con la ASF para realizar las evaluaciones de desempeño que permitan mejorar la función pública y generaría información presupuestal y tributaria independiente a la de la SHCP. Una oficina de ese tipo podría también evaluar el impacto regulatorio de las leyes y coordinarse con organizaciones de la sociedad civil que hoy, ya realizan un valioso trabajo en todas esas áreas.
 
Desde el Congreso es importante legislar para cambiar la naturaleza de la política económica. Se requiere cambiar el mandato del Banco de México para que además de la estabilidad, su tarea sea contribuir al crecimiento del país. Es importante que la actual Ley de Productividad se convierta en una Ley de Industria mucho más ambiciosa que haga de la política de este sector una obligación del Estado.
 
México requiere un marco legal en el que la política arancelaria, la educativa, la del gasto de gobierno, la de subsidios, la urbana, la fiscal, la de desarrollo tecnológico y la de promoción, estén alineadas para aprovechar nuestras ventajas comparativas y generar otras nuevas. No se trata de cerrar la economía, sino de coordinar todos los esfuerzos para hacer competitivas las industrias que nos interesan.
 
Es un proceso que tiene que ser incluyente, que debe permitir a las medianas empresas integrarse a los procesos de mayor valor agregado, que sea generadora de empleo bien remunerado, que permita a todos los actores productivos absorber tecnología y construir capacidades para competir. Eso requiere también legislar para que en regiones marginadas del país se cuenten con los recursos y los incentivos para integrarse a dicho proceso.
 
En el tema económico es necesario construir la propuesta del derecho de todos los mexicanos de una renta mínima. Eso implica construir un sistema de protección social que incluya salario mínimo suficiente, seguro de desempleo, pensión universal mínima, transferencias a sectores en pobreza extrema y subsidios a personas que tienen dificultades para obtener ingresos como madres solas con hijos pequeños, estudiantes, discapacitados, personas con enfermedades graves, entre otros.
 
Si esto lo hacemos por medio de un sistema nacional debidamente reglamentado y evaluado que sustituya a una multitud de programas aislados, seguramente podremos reducir la pobreza y generar una nueva ciudadanía que encuentre en el Estado el apoyo que requiere para desarrollarse sin que existan relaciones corporativas de por medio.
 
Esto no sería más barato que lo que tenemos. De hecho, eso implica también ofrecer servicios con una cobertura y calidad homogénea en educación y en salud. La aspiración es desarrollar un estado de bienestar en el que todos tengamos una renta mínima y una serie de servicios de salud y educación universales y suficientes.
 
@vidallerenas