Ciudad de México 26 de diciembre de 2014 (lasillarota.com).- A sólo unos días de comenzar el tercer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se han registrado 513 personas detenidas en marchas, mítines y plantones en todo el país, según un recuento de organizaciones de la sociedad civil.

Dentro de las protestas que se realizaron por el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, se realizaron 68 detenciones, de las cuales 53 ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2014.

De todos los detenidos en estos primeros años del regreso del PRI a la presidencia, dos permanecen en prisión: Abraham Cortés Ávila, sentenciado a 13 años 6 meses de prisión por los disturbios del 2 de octubre del 2013 a quien se le acusa de tentativa de homicidio y Fernando Bárcenas Castillo, a quien culpan de incendiar un árbol de Navidad en Paseo de la Reforma en diciembre del 2013.

Para integrantes del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, que aglutina a nueve organizaciones sociales, la cifra de detenidos refleja la criminalización que en este sexenio hay hacia la protesta social.

La promotora de la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Citalli Hernández, mencionó que en el Distrito Federal la mayoría de las detenciones son en redadas masivas donde la Policía actúa sin ningún protocolo.  

"Estamos preocupados porque lejos de abrirse caminos de diálogo para la comunicación, el entendimiento y una resolución positiva de los conflictos, lo que estamos percibiendo son estrategias de criminalización y una estrategia profundamente autoritaria desde los poderes locales y el poder federal”.

Agregó que los tres poderes de la Unión han estado trabajando en una estrategia clara de criminalización de la protesta social desde las leyes, las detenciones y violaciones al debido proceso.

Además recordó que desde el 2013 se han planteado iniciativas de ley para regular las manifestaciones.
Puso como ejemplo la ley de marchas para el DF, la ley de movilidad que se aprobó en la Cámara de Diputados, la ley bala en Puebla, el protocolo de control de multitudes en el DF, así como leyes de reglamentación de la protesta en Quintana Roo, Veracruz, Jalisco y San Luis Potosí.

A demás, se modificó el Código Penal Federal para cambiar los tipos penales como delito de terrorismo y delincuencia organizada.

Jesús González, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), comentó que la mayoría de las detenciones presentan fallas del sistema de procuración y administración de justicia.
Andrés Díaz Fernández, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que la mayoría de los detenidos son golpeados y humillados.

Aunado a esto, las fianzas son excesivas por delitos que no cometieron como terrorismo o delincuencia organizada.

La mayoría de las fianzas que se han cobrado en lo que va del sexenio van de los 11 mil y 160 mil pesos.
 De acuerdo con las ONG´s el 90% de los capturados son jóvenes que oscilan entre 16 y 20 años, de los cuales 320 fueron detenidos en la capital del país; 43 en Oaxaca; 50% salieron bajo caución. 70% son estudiantes de preparatorias o universitarios.
  
Las protestas donde se registraron más capturas fueron las de 1 de diciembre del 2012, con 97 detenciones, y la del 2 de octubre del 2013, con 106.

El 13 de septiembre del 2013 se registraron 35 detenciones cuando la policía ingresó al Zócalo donde maestros de la CNTE) mantenían un plantón.