Guerrero 26 de noviembre de 2014 (lasillarota.com).- El 28 de abril de 2014, cinco meses antes de los ataques a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa (26 de septiembre de 2014), la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) recibió de la Fiscalía de Guerrero la primera averiguación previa donde se señalan los nexos del ex edil de Iguala, José Luis Abarca, así como de algunos de sus familiares con la delincuencia organizada.
El documento presentado en el programa Punto de Partida se lee “todos ellos están protegidos por la muchacha de nombre Patricia Soto… es corvina del presidente municipal de Iguala, de nombre José Luis Abarca, así como del secretario de Seguridad Pública de Iguala, de nombre Felipe Velázquez”.
Además, la demanda sostiene que en mayo pasado hubo imputaciones ministeriales por la comisión de diversos delitos contra Abarca, Flores Velázquez (prófugo), y contra policías al mando de éste.
De acuerdo con el expediente 82/2014-I de la Fiscalía General de Guerrero y a la averiguación previa SEIDO/UEIDS/4612/2014, de la Procuraduría General de la República, también hubo denuncias contra integrantes del cártel Guerreros Unidos que operaban en esa ciudad y que presuntamente tenían vínculos con ambos funcionarios.
En la declaración ministerial del ciudadano Ernesto Pineda Vega (efectuada a partir de las 13:00 horas del 1 de mayo de este año en el Centro Regional de Reinserción Social de Acapulco), líder social de la colonia San Miguelito en Iguala, que en abril de este año había denunciado públicamente la existencia de un narcolaboratorio y una fosa clandestina en su barrio, donde fueron hallados seis cuerpos y tres osamentas (ambos hechos fueron confirmados el 10 y el 16 de abril por autoridades locales y federales que aseguraron los sitios), así como numerosos secuestros realizados por Guerreros Unidos, aparecen nombres y hechos como estos:
“José Luis Abarca, el alcalde, imputado como presunto autor intelectual de dos asesinatos. Él y su secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, señalados como partícipes en secuestros y extorsiones”.
“Mario y Rafael Casarrubias, El M y El Mochomo, respectivamente, imputados por ser -el brazo armado del presidente municipal y del director de Seguridad Pública-, junto a un grupo de cinco hermanos (Tilo, Osiel, Orebelín, Mateo y Salvador) conocidos como Los Peques, de apellidos Peralta Rodríguez”.
De acuerdo con las averiguaciones de la PGR sobre el caso Ayotzinapa, El Mochomo es uno de los dos líderes de Guerreros Unidos que, meses después, dio la orden de desaparecer y eventualmente asesinar a los estudiantes normalistas.
En la declaración obtenida el viernes 2 de mayo de 2014 se lee también que “la policía municipal levanta a las víctimas y ellos las entregan a los Guerreros Unidos, y después éstos se encargan de negociar y cobrar sus rescates”.
El mismo modus operandi que aplicarían la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre pasado con los normalistas de Ayotzinapa.
En noviembre 7 del presente año, el procurador de la República, Jesús Murillo Karam, informó que de acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público Federal “que en este punto, entre Iguala y Cocula, los policías municipales entregaron a los detenidos (normalistas) a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
