Por: Alejandro Ramírez
CIUDAD DE MÉXICO 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (AFN).- La disponibilidad de información sobre la deuda pública de los gobiernos estatales presenta uno de los mayores rezagos en materia de transparencia fiscal en el país, un “nuevo hoyo negro” donde las entidades incumplen la ley.
De acuerdo con los resultados del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) 2026, elaborado por el centro de análisis e investigación independiente en México (aregional).
La disminución se refleja también en la distribución de las entidades. De los 32 gobiernos estatales evaluados, 26 fueron clasificados en el nivel deficiente de transparencia fiscal, es decir, obtuvieron menos de 75 puntos.
Cutberto Anduaga, presidente de la consultora, informó que el estudio revela además un deterioro general de la transparencia fiscal, cuyo promedio nacional descendió a 59.28 puntos de 100, la calificación más baja registrada desde 2003.
Asimismo, 10 entidades no alcanzaron siquiera los 50 puntos: Baja California, Quintana Roo, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Sonora, Oaxaca, Nayarit, Guerrero y Aguascalientes.
“Los estados clasificados con transparencia fiscal deficiente presentan problemas como falta de actualización, información histórica insuficiente, hipervínculos inactivos o errores de acceso, además de información incompleta o poco útil. Persisten rezagos en obra pública y adjudicaciones” explicó Cutberto Anduaga, presidente de la consultora.
De ellos, sólo ocho superaron el promedio nacional y 18 entidades, equivalentes al 56.25% del total, quedaron incluso por debajo de los 59.28 puntos.
A nivel nacional, únicamente Querétaro y Jalisco alcanzaron la clasificación de estados Transparentes, al superar los 90 puntos. Querétaro se mantuvo por quinto año consecutivo en el primer lugar, con 97.86 puntos, mientras que Jalisco ocupó la segunda posición, con 93.55 puntos.
En el nivel Suficiente de transparencia fiscal se ubicaron Guanajuato, con 88.41 puntos; Sinaloa, con 78.90; Hidalgo, con 77.62, y Puebla, con 76.40 puntos. El resto de los gobiernos estatales quedó dentro del nivel
Deficiente.
En el extremo inferior de la clasificación se encuentran Guerrero y Aguascalientes. Este último permaneció en el lugar 32, con 34.12 puntos, pese a haber incrementado su calificación en más de 20 puntos respecto de la evaluación anterior. Guerrero se ubicó en el penúltimo lugar, con 35.30 puntos.
Los resultados muestran que las deficiencias en la información abarcan rubros relevantes para conocer cómo se administran y ejercen los recursos públicos.
“El 71% de los estados no cumple con dar a conocer el padrón de beneficiarios de servicios; 62% incumple con la información sobre gastos de representación por secretaría y 53% con la correspondiente a los salarios del Ejecutivo estatal y de los funcionarios públicos responsables de las secretarías.” Dijo.
El panorama también presenta dilaciones en la información histórica necesaria para dar seguimiento a las finanzas estatales: la estadística sobre ingresos alcanza un cumplimiento de 55%, mientras que la correspondiente al gasto público se reduce a 39%. A ello se suma la limitada disponibilidad de información sobre sanciones administrativas, pues sólo 37% de los estados cuenta con ella.
Otro de los principales focos de atención del ITDIF 2026 es la información relacionada con obra pública y sus mecanismos de adjudicación.
El estudio identifica únicamente a seis gobiernos estatales que publican información con variables de calidad sobre obra pública: Baja California Sur, Colima, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí y Tamaulipas.
En contraste, 11 gobiernos estatales no disponen de información relacionada con la adjudicación de obra pública: Baja California, Campeche, Coahuila, Ciudad de México, Guerrero, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Los rezagos no se limitan a la obra pública.
La consultora también destaca que la elaboración de indicadores de transparencia, de finanzas públicas son base para diagnósticos y análisis especializados que permiten generar conocimiento sobre la evolución de la rendición de cuentas y el desempeño gubernamental, lo que contribuye al fortalecimiento institucional, al ejercicio pleno del derecho constitucional de acceso a la información, y al cumplimiento de las leyes vigentes.
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