Por: Alejandro Ramírez
CIUDAD DE MÉXICO CDMX 14 DE AGOSTO DE 2026 (AFN).- Álvaro López Ríos, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), aseguró que las reformas que pretende el Gobierno Federal en materia de comunicación y audiencias es incongruente, pues las dependencias federales y locales "están plagadas de burocracia que se mantiene a puerta cerrada evitando dialogar con la población que busca solucionar conflictos".
Consideró que esta iniciativa presentada por el gobierno Federal, más que una supuesta defensa de los derechos de las audiencias, es una incongruencia y un atentado a las libertades de opinión en este país.
En materia agraria, precisó López Ríos, persisten en México 130 conflictos considerados críticos por la disputa de tierras ejidales y comunales, y se localizan en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Durango, Chihuahua y Michoacán.
“Las principales causas de las disputas ejidales son del conocimiento de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); pues los problemas surgen por incertidumbre jurídica, ya que más de mil 700 núcleos agrarios aún carecen de una regularización”, señaló.
Expuso que los juicios históricos son por títulos de propiedad dudosos y expedientes que acumulan más de 50 años en espera de una resolución definitiva; y también por límites territoriales que desembocan en disputas técnicas y superposición de planos, entre ejidos vecinos o pequeñas propiedades particulares.
En materia de desarrollo productivo agroalimentario, el dirigente de la UNTA ratificó que la carencia de programas, créditos y precios de garantía justos han propiciado el desplome de producción de alimentos a tal grado que México se convirtió en el país número uno a nivel mundial en importaciones de granos básicos.
“En 2023, el expresidente Andrés Manuel López Obrador desapareció la Financiera Nacional de Desarrollo, con lo que los agricultores del país, se quedaron sin una institución de crédito para el campo”, explicó.
El dirigente campesino comentó que desde el año pasado luego de que pequeños productores de maíz bloquearon carreteras y calles de la Ciudad de México, el Gobierno Federal, la Secretaría de Agricultura y la de Gobernación se comprometieron a pagar incentivos, pero no han liquidado nada y la titular de SADER, Columba Jazmín López Gutiérrez, se comprometió a saldar el adeudo hasta finales de este mes.
López Ríos, aseguró que se podría promover una denuncia por su Ley mordaza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Al compartir esta información, apoyas a la prensa que necesitas
Comparte AFN
