CIUDAD DE MÉXICO 11 DE AGOSTO DE 2026 (AFN).- La diputada federal Eva María Vásquez Hernández, junto con legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para reformar la Ley de Migración con el propósito de ampliar la atención a las personas migrantes y generar mecanismos que faciliten su incorporación al empleo formal.
La propuesta plantea que la política migratoria en México no se concentre únicamente en la regulación y control del tránsito de personas, sino que también atienda factores como la pobreza, la vulnerabilidad, la discriminación, la inclusión social y las oportunidades laborales que enfrentan las personas migrantes en territorio nacional.
Entre los cambios propuestos se encuentra incorporar a la Secretaría de Bienestar como autoridad auxiliar en materia migratoria, con participación en acciones para combatir la pobreza entre la población migrante en situación vulnerable y coordinar programas sociales con el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Gobernación y autoridades locales.
La iniciativa también contempla otorgar un papel a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para promover el acceso de migrantes a empleos formales, facilitar su incorporación al Sistema Nacional de Empleo y garantizar el respeto de sus derechos laborales.
De acuerdo con la propuesta, la Secretaría del Trabajo tendría además la responsabilidad de diseñar y difundir campañas de promoción del empleo formal en puntos de tránsito internacional, dirigidas a personas migrantes que cuenten con una residencia que les permita realizar actividades remuneradas.
Otro de los planteamientos consiste en establecer, en coordinación con las autoridades migratorias, refugios destinados a prevenir que las personas migrantes sean víctimas de delitos o sean captadas por redes de tráfico de personas.
La legisladora señaló que la participación de la Secretaría de Bienestar permitiría reforzar los programas de apoyo e inclusión social, mientras que la intervención de la Secretaría del Trabajo contribuiría a reducir riesgos relacionados con la informalidad, la explotación laboral y el trabajo forzoso.
La iniciativa propone además fortalecer la coordinación con la Fiscalía General de la República y las comisiones de derechos humanos para brindar mayor protección jurídica a las personas migrantes frente a delitos como trata de personas, explotación laboral y discriminación.
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