* Pretenden crear comisión especial que investigue aspirantes.
CIUDAD DE MÉXICO CDMX 21 DE MAYO DE 026 (AFN).- Con la aclaración de que "todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que hoy se presentará, por parte de la Consultoría Jurídica, una propuesta de reforma no constitucional, con el fin de detectar aspirantes a cargos de elección popular en las elecciones de 2027, que tengan relación con el crimen organizado -popularmente conocidos como "narcocandidatos".
Con ello, añadió en su conferencia matutina, se pretenden crear una comisión especial que investigue los antecedentes en materia civil o penal, incluso en temas hacendarios, de cualquiera de los aspirantes, antes de que sus partidos o alianzas los inscriban formalmente como sus candidatos.
Esto ocurre, en un marco en el cual el gobierno federal de Estados Unidos ha presentado acusaciones e incluso ha solicitado detener y extraditar para sujetarlos a juicio, a varios funcionarios y ex funcionarios como el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha; y de otros ciudadanos de México, incluidos mandos de seguridad, con supuestos vínculos con grupos dedicados al narcotráfico.
Sheinbaum Pardo señaló que se enviará al Congreso de la Unión una propuesta de reforma electoral donde se cree una "Comisión de verificación de integridad de candidaturas" dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual revisaría tales vínculos delictivos, de haberlos, de quienes aspiren a contender en 2027.
Añadió la presidenta que esta propuesta formaba parte del llamado "Plan A" de la reforma electoral, que finalmente no se aprobó, y que si ahora se presenta es porque se tuvo conocimiento de "algunos casos aislados”, como fueron varios alcaldes que resultaron vinculados a extorsiones y otros delitos del crimen organizado, en estados como Jalisco y Morelos entre los más recientes.
En la conferencia, la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, expuso que esta iniciativa no inhabilita la posibilidad de aspirar a ningún ciudadano, pero permitirá que los partidos políticos interesados en registrarlo puedan tomar decisiones a nivel interno, para postular o no a tal aspirante, al conocer de sus antecedentes.
Dijo que la propuesta se entregará ante la comisión permanente, como reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LIPE); y que de esta forma los partidos, "de manera voluntaria", tendrán acceso a la información de aspirantes que representen un “riesgo razonable”, por contar con vínculos delictivos.
Todo este proceso, expuso Alcalde Luján, tendrá condiciones de confidencialidad, con la información reservada y siempre respetando la presunción de inocencia de los aspirantes.
De aprobarse tal reforma, dijo, se contará con un esquema de consulta de cada aspirante ante instancias como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -de la Secretaría de Hacienda federal, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para detectar casos de posible "riesgo razonable" de vínculos criminales.
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