* Un mexicano fue sentenciado a 7 años de prisión federal.

Foto: Archivo

CIUDAD DE MÉXICO CDMX 9 DE MARZO DE 2026 (AFN).-  Martín Édgar Garza, de 42 años, residente de Melchor Múzquiz, Coahuila, fue sentenciado a siete años de prisión federal por tráfico de armas de fuego a México; en hombre -con apoyo de cómplices- adquirió 36 armas en Estados Unidos y las introdujo a México de contrabando.

Por parte de la Fiscalía de Estados Unidos, del Distrito Oeste de Texas, se informó que el referido ciudadano mexicano fue sentenciado en una corte federal en Del Río a 84 meses de prisión por conspiración para traficar armas de fuego.

Según documentos judiciales, Garza Pacheco fue arrestado en el puerto de entrada de Eagle Pass como resultado de una investigación sobre el tráfico de armamento; las investigaciones determinaron que utilizó a sus cómplices Shiddartha Salinas y Víctor Ulysses Ybarra-Daniels para comprar 36 armas de fuego en diversas tiendas minoristas del área de San Antonio.

"Una vez adquiridas las armas, Garza Pacheco viajaba de México a San Antonio a través del puerto de entrada de Eagle Pass y luego las traía de contrabando a México en su vehículo", se dio a conocer.

El hombre fue arrestado el 22 de abril de 2023, acusado de conspiración para traficar armas de fuego, y se declaró culpable el 21 de agosto de 2023; y en el caso de sus cómplices, una jueza de distrito sentenció a Ybarra-Daniels a 48 meses, mientras que Salinas Ávila estará preso por 42 meses.

El caso, se indicó, fue investigado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; las Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos investigaron el caso.

Las fiscales federales adjuntas Nallely Duarte y Daisy González procesaron el caso.

Este caso es parte de la Operación Take Back America , una iniciativa nacional que reúne todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (TCOs) y proteger a nuestras comunidades de los perpetradores de delitos violentos.

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