Alejandro Ramírez
CIUDAD DE MÉXICO 30 DE OCTUBRE 2024 (AFN).- Los diputados federales del PRI consideraron que la iniciativa de reforma constitucional para prohibir la impugnación de reformas constitucionales resta a los derechos y libertades de los mexicanos, por lo que votarán en contra de eliminar la posibilidad de recurrir a juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales.
Encabezados por el coordinador Rubén Moreira y en acuerdo con la dirigencia nacional de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, señalaron que es un retroceso modificar los Artículos 105 y 107 de la Constitución para establecer que estos recursos son improcedentes para contravenir las adiciones o reformas a la Carta Magna.
“La propuesta de Morena es tirana, representa el establecimiento de un autoritarismo sin control e intocable, que permitirá a la autoridad actuar de forma arbitraria, modificando leyes y reglamentos a su antojo para despojar a los mexicanos de sus derechos y libertades”.
Explicaron que consideran un terrible error histórico el establecer que las modificaciones a la Constitución no puedan ser impugnadas por ninguna vía, ni en el fondo ni en cuanto a su proceso legislativo.
Destacan además que no existe ningún motivo para avalar la minuta que se envió al Senado de la República.
Manifestaron que elimina los mecanismos jurídicos para corregir o detener abusos e irregularidades en la aprobación de modificaciones que se realicen a la Constitución, en lo que sea contrario a lo previsto en tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos; así como al proceso legislativo en el que existan y sean notables los vicios de procedimiento, irregularidades o fraudes.
Señalaron que el dictamen en materia de inimpugnabilidad pone en riesgo los derechos humanos y libertades de los mexicanos, ya que debilitan las garantías de los ciudadanos al dejar sin protección efectiva sus derechos.
Esta reforma, presentada por Morena, es un gran peligro para México, porque la Constitución podrá ser modificada para ajustarse a los intereses del momento, sin considerar los derechos fundamentales existentes.
Permitirá que disposiciones, por el simple hecho de que la mayoría legislativa así lo decida, se establezcan en el texto constitucional para que se consideren totalmente legales y válidas, sin que existan recursos para combatirlos.
Al inicio de la sesión, la bancada tricolor presentó una Moción Suspensiva, en la que exponen que se atenta contra el principio de convencionalidad.