CIUDAD DE MÉXICO 1 DE AGOSTO DE 2024 (LA SILLA ROTA).- La comunidad internacional ha manifestado una creciente preocupación respecto al reciente paquete de iniciativas de reforma judicial presentado por el Ejecutivo mexicano. Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha sido una de las voces más destacadas en este debate. En una serie de publicaciones en redes sociales, Satterthwaite advirtió que dichas reformas podrían socavar la independencia de la judicatura en México, un pilar fundamental para la democracia y el estado de derecho.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el pasado 5 de febrero de 2024 ante la Cámara de Diputados una serie de iniciativas que buscan modificar significativamente la estructura y funcionamiento del sistema judicial en México. Entre las medidas más controvertidas se incluyen:
Elección Popular de Jueces: Una de las propuestas más radicales es la elección de todos los jueces mediante voto popular. Este cambio representa una ruptura drástica con el sistema actual, donde los jueces son seleccionados a través de procesos meritocráticos y evaluaciones por sus pares.
Eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF): La propuesta plantea la disolución del CJF, el órgano responsable de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial. Sus funciones serían reasignadas a dos nuevos organismos: un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial, ambos electos por voto popular.
Reducción del Número de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): La iniciativa sugiere reducir de once a nueve el número de ministros de la SCJN, además de acortar sus períodos de mandato y eliminar sus haberes de retiro.
Resoluciones Exclusivamente a Través del Pleno: Todas las resoluciones de la SCJN deberán ser emitidas exclusivamente por el Pleno, eliminando la posibilidad de resoluciones por salas.
Reforma judicial de AMLO y las observaciones de la ONU
En una carta dirigida al director general de la ONU, Satterthwaite expresó detalladamente sus observaciones y preocupaciones respecto a estas propuestas. Destacó que, de ser aprobadas sin modificaciones sustanciales, las reformas podrían debilitar gravemente la independencia judicial en México. En su carta, Satterthwaite subrayó la importancia de mantener una judicatura imparcial y protegida de influencias políticas para garantizar el respeto a los derechos humanos y servir como contrapeso frente a posibles abusos de poder.
La relatora señaló que la elección popular de jueces y la eliminación del CJF podrían llevar a una politización de la judicatura. Los jueces, al depender del voto popular para su elección, podrían verse influenciados por intereses electorales y políticos, comprometiendo su imparcialidad y objetividad en la toma de decisiones. Además, la reasignación de las funciones del CJF a nuevos organismos electos popularmente introduce nuevos riesgos de corrupción y falta de profesionalismo en la administración judicial.
Satterthwaite también resaltó el contexto de intimidación y amenazas verbales que han enfrentado los jueces en México, tanto por parte del Ejecutivo como del Legislativo. Estas acciones han generado un ambiente de temor y presión que podría influir negativamente en la independencia judicial. La relatora enfatizó que es crucial que los jueces puedan operar sin temor a represalias o interferencias indebidas, para garantizar que la justicia se administre de manera justa y equitativa.
Reacciones Nacionales e Internacionales
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han expresado su preocupación por las propuestas de reforma. Organizaciones de derechos humanos, asociaciones de jueces y abogados, así como instituciones académicas, han emitido comunicados alertando sobre los peligros que estas reformas representan para el estado de derecho en México. La preocupación se centra en que estas medidas puedan debilitar las garantías judiciales y abrir la puerta a abusos de poder y corrupción.
Satterthwaite concluyó su carta instando a las autoridades mexicanas a reconsiderar las propuestas de reforma y a trabajar en conjunto con la sociedad civil, expertos en la materia y organismos internacionales para desarrollar un sistema judicial que respete los principios de independencia y justicia. La relatora sugirió la implementación de salvaguardas que protejan a los jueces de influencias políticas indebidas y aseguró que la ONU está dispuesta a colaborar en el proceso de reforma para asegurar que se mantengan los estándares internacionales de justicia.
El debate sobre estas reformas continúa en la Cámara de Diputados, mientras que la atención internacional se mantiene sobre México. El futuro de la independencia judicial en el país está en juego, y las decisiones que se tomen en las próximas semanas serán cruciales para el mantenimiento del estado de derecho y la protección de los derechos humanos en México.
