El gobierno guatemalteco admitió que no se da abasto con la llegada de familias chiapanecas a Cuilco y Huehuetenango

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Ante el acoso del que son víctimas por parte de grupos del narcotráfico, alrededor de 600 personas, incluidas infantes y ancianos, escaparon de sus comunidades en Chiapas para buscar refugio en Cuilco, departamento de Huehuetenango, y otra localidad de Guatemala.

Bernardo Arévalo, presidente guatemalteco, aclaró que esa es la cifra actualizada de desplazados, debido a que se distribuyeron en dos comunidades de su país, y que llegaron desde este martes.

En una entrevista que otorgó este miércoles a medios locales, Elsa Hernández, gobernadora de esa entidad guatemalteca, mencionó que la seguridad está controlada basada en el Plan “El Cinturón de Fuego”, implementado por la Brigada Militar y la Policía Nacional Civil (PNC), debido a que la sociedad está en riesgo.

De hecho, llamó a las organizaciones no gubernamentales y a la misma población a sumarse para apoyar a las familias desplazadas, mismas que requieren de medicamentos, alimentos, entre otros.

“Quiero recalcar que la seguridad para la población guatemalteca está garantizada, pero para la mexicana no se han pronunciado las autoridades, lamentablemente, para proteger a sus ciudadanos”, dijo.

De acuerdo con esa autoridad, este año hay una mayor presencia de elementos de la Brigada Militar en puntos considerados “focos rojos” de la frontera con México.

En estos momentos, afirmó, se busca establecer un albergue en una de las escuelas de la región, para atender a más personas que podrían llegar.

En un comunicado oficial, las autoridades guatemaltecas advirtieron: “la gobernación departamental de Huehuetenango y el gobierno de Guatemala han demostrado ser incapaces de proporcionar el apoyo necesario a estos desplazados. La situación se agrava con la presencia de heridos de bala entre los refugiados, lo que señala la urgencia de la intervención humanitaria”.

Un riesgo para miles

La situación de violencia en territorio chiapaneco se ha agravado desde hace, al menos, dos semanas, en alrededor de 11 municipios de las regiones Fronteriza y Sierra, en detrimento de más de 318 mil pobladores que habitan en los mismos, según datos del Censo de Población y Vivienda 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).  

La disputa entre los cárteles de Sinaloa (CDS) y el Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha aumentado. De hecho, en localidades como Chicomuselo, Motozintla, Siltepec, entre otros, se han establecido “toques de queda”, y en esta semana los integrantes del crimen organizado obligan a las personas (incluidas mujeres) a participar en los retenes.

De hecho, el transporte público opera, en algunas regiones, de manera intermitente, y en otros casos no se permite el acceso de vehículos privados. En Motozintla, las familias viven en la zozobra porque, de acuerdo con una fuente consultada por La Silla Rota, el CJNG comenzó a hacerles llamadas de extorsión, pese a que aún no tiene presencia allí.

Para reforzarse, cuenta la misma persona entrevistada, el CDS comenzó a obligar a hombres y mujeres a participar en esos retenes; incluso, echó mano del padrón de un programa federal para que ningún varón se quede sin apoyar la “causa”.

Desde este martes, también circuló información sobre el “levantón” que integrantes e la delincuencia organizada les dieron a varios hombres en el municipio de Huixtla, al parecer, con la intención de reclutarlos. Se presume que, entre las víctimas, había migrantes.

Hasta el momento, el gobierno de Chiapas no se ha pronunciado al respecto.