CIUDAD DE MÉXICO 19 DE AGOSTO DE 2022 (La Silla Rota).- Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República fue detenido un día después de la presentación del tercer Informe de la Comisión Ayotzinapa, en la que el gobierno federal afirmó que la desaparición de los normalistas fue un crimen de Estado. Se le acusa de tortura y desaparición forzada.
La detención se llevó a cabo en el exterior del domicilio de dicha persona, sin ningún problema; ya que la misma colaboró con las autoridades policiacas sin oponer resistencia, una vez que se le informó sobre el procedimiento que se estaba llevando a cabo, dijo la FGR.
Jesús Murillo Karam fue detenido a las 15:30 de este viernes en la calle Montañas Calizas, 414 colonia Lomas de Sotelo de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, justo a un costado de la embajada de Marruecos.
Mirilla Karam, quien en el sexenio de Enrique Peña Nieto dio a conocer la denominada "verdad histórica" será trasladado a un penal con base en orden de aprehensión.
De acuerdo con versiones extraoficiales, el exprocurador Murillo Karam, quien también fue gobernador de Hidalgo, está siendo trasladado a una oficina de la Fiscalía General de la República (FGR).
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La orden de captura en contra de Murillo fue autorizada por un juez adscrito al Reclusorio Norte, quien determinará si los elementos de prueba del Ministerio Público son suficientes para vincularlo a proceso.
La Fiscalía General informó que en la audiencia, el exprocurador puede solicitar la ampliación de termino de 48 horas, por lo que su situación jurídica se puede definir hasta el próximo lunes mientras recaba pruebas o solicita un amparo.
“Los delitos de desaparición forzada y tortura que busca imputar la Fiscalía General de la República, son considerados como graves, por lo que en caso de que el juez de Control lo vincule a proceso, permanecerá en prisión durante el tiempo en que dure el juicio o hasta que obtenga un amparo que le permita salir de prisión y continuar el juicio en prisión domiciliaría”.
La FGR destacó que ambos delitos fueron tipificados como graves por el Senado en 2017 durante la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Por ambos delitos puede alcanzar más de 30 años en caso de ser encontrado culpable.
El traslado se da un día después del informe de la Comisión Ayotzinapa en la que se dijo que la “verdad histórica” es falta y la desaparición de los normalistas es calificada como un crimen de Estado.
INFORME DEL CASO AYOTZINAPA
Este jueves, Alejandro Encinas, informó que de acuerdo con las investigaciones e interrogatorios a involucrados y testigos sobre el paradero de los estudiantes normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 apuntan a que no hay indicios de que estén con vida.
"Se confirma la identificación de 3 de los 43 estudiantes desaparecidos. Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida, por el contrario, todos los testimonios y evidencias indican que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos".
La desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa fue un "crimen de Estado" en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles y no hay indicios de que estén vivos, concluyó este jueves de forma preliminar la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso.
“La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano", declaró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno, en una conferencia de prensa.
La comisión también concluyó “que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes" e, incluso, las acusó de "alterar hechos y circunstancias" para establecer una conclusión "ajena a la verdad".
“Sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”, mencionó Encinas sobre las autoridades, incluyendo miembros del Ejército y de las policías locales.
