Las razones para proteger a Turbofin
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Las razones para proteger a Turbofin

TIJUANA BC - jueves 29 de junio de 2017 - TIJUANA BC.
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DORA ELENA CORTÉS

TIJUANA BC 29 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- Las razones que el Comité de Información del ayuntamiento de Tijuana tuvo para proteger a Turbofin, con la “reserva” de sus contratos para renta de unidades de limpia y patrullas, por seis meses en el caso de la primera, son tan elementales como el hecho, según dicen, de que aparecen datos privados del concesionario como su nombre, dirección, clabe interbancaria, etcétera, además del supuesto de que se estaría “afectando” una investigación administrativa, en curso, que lleva la sindicatura Procuradora a raíz de las quejas que le fueron presentadas para conocer los detalles de cómo se dieron esas adjudicaciones directas.

El día 8 de este mes a las 16:15 horas, en la sala de juntas de la misma sindicatura Procuradora se reunieron Zabel Arturo Solís Ruiz, secretario particular en representación del Presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro; el licenciado Juan Dámaso Ibarra Bribiesca, encargado del despacho y Secretario Técnico de la Unidad Municipal de Acceso a la Información (Umai), la síndico Procuradora Ana Marcela Guzmán Valverde; Ana Daniela Hernández Núñez, coordinadora de Evaluación de Seguimiento, en representación de Raúl Felipe Luévano Ruiz y el licenciado Leonardo Martínez Delgado titular de la Consejería Jurídica municipal, así como Javier Rodríguez Gómez asesor en representación del Regidor Arnulfo Guerrero León.

Se trataba de la primera sesión ordinaria de este Comité de Información del ayuntamiento, que pretendía analizar algunas solicitudes recibidas a través de la Unidad de Transparencia, entre las que particularmente les preocupaban las que tenían que ver con Turbofin y los contratos para renta de unidades de camiones para el Departamento de Limpia y patrullas para la Secretaría de Seguridad.

Según un documento proporcionado a AFN, se “discutió” la necesidad de reservar la información en ambos casos, alegando: “daño presente, daño probable y daño específico” que pudieran darse con la difusión de dicha información, que según los ahí reunidos consideraron que merecía “secrecía y confidencialidad”, de manera total (en el caso de las características especiales de las unidades patrulla, para no exponer a quienes las operarían, y para no brindar información “clave” a la delincuencia), y por seis meses en el caso de las unidades de limpia “mientras concluye la investigación”.

Por ejemplo, en el caso de las unidades para seguridad pública se establece que el daño presente se originaría por el hecho proporcionar información clasificada como reservada “por disposición expresa de la ley”, ya que esto representaría un acto indebido de la autoridad que debe tomar en consideración que de difundirse la información se colocaría en un “elevado riesgo” a los servidores públicos usuarios de los vehículos, haciéndolos vulnerables a un ataque en su contra, cuando solo se ha dicho hasta el momento que son unidades pick up y tipo panel, ocultando por ahora la marca, y año, lo cual se podrá apreciar cuando estas unidades se exhiban el día de mañana, según anunció el alcalde.

En el daño probable, señalan que radica en atentar contra la política de la seguridad pública, al menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para prevenir la comisión de delitos, así como la seguridad e integridad de personas, incluyendo de los servidores públicos que los utilizan, y que además se pueden propiciar atentados u otras situaciones análogas “capaces de poner en riesgo la vida y la seguridad los funcionarios”. 

En lo que se refiere al daño específico, se dice que este radica en una flagrante violación de preceptos legales que ameritan sanciones administrativas, en virtud de que están obligados a conservar la información que por disposición expresa debe clasificarse como reservada, además de existir la obligación ineludible de conducir la secrecía y confidencialidad en todos los temas referentes a la seguridad pública del municipio.
Sobre el contrato para las unidades de limpia se reconoce que fue establecido con las empresas Turbofin SA P.I DE CV y/o remolques y plataformas de Toluca S.A. de C.V. y/o muebles y mudanzas S.A. de C.V.

Al respecto se advierte que “la divulgación del contenido de estas documentales causaría perjuicio al interés público así como a la integración de investigación administrativa, tal como lo es el propio documento, ya que en adición a lo expuesto se estima que la clasificación antes advertida también se actualiza desde la especificidad que la aplicación de la prueba de daño responde la propia dimensión del supuesto de reserva con el que se relaciona su valoración, debiendo reducirse precisamente a los propios elementos que de manera categórica condicionan su surgimiento, es decir a la posibilidad de que se materialice un efecto nocivo en la conducción de un servicio público”.

Agrega el documento que “lo anterior es así, porque bajo el contexto explicado, la divulgación del expediente número RES/078/2017 conllevaría a un riesgo real en la dinámica de la prestación de los servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos en el municipio de Tijuana, incluyendo el mantenimiento de la imagen y limpieza de la vía pública y áreas comunes de la ciudad. Por esto especifica que al darse a conocer esta información “podrían entorpecerse las etapas procesales necesarias para el debido análisis y estudio del caso, evitando contar con los elementos suficientes para emitir la resolución que en derecho corresponda, precisando que el plazo de la reserva será por seis meses contados a partir de la fecha en que se recepcionó la queja de que se trata”.

En el “Daño Específico” que se afirma que se podría causar, advirtieron que “no podrían controlarse los efectos que la información referida pueda ejercer sobre receptores de la misma, y al exponerse a una interpretación aislada, puede generar manifestaciones que en un momento dado lleguen a acciones violentas, como lo pudieran ser actos de vandalismo o delictivos de los inmuebles objeto del contrato, que en un extremo caso pudiesen recrudecer la crisis que en el servicio público de limpia se presentó, pudiéndose interrumpir el servicio, lo que nos llevaría a que se generara un problema de salud pública al generarse foco de infección y una mala imagen de la ciudad”.


También establecen que hacer pública esta información “pudiera acarrear consecuencias legales que interfieran directamente en cuanto al cumplimiento del contrato y por ende llegar a actualizarse alguno de los supuestos que han quedado señalados. De igual manera, añadieron, es necesario aludir a la citada reserva de información, en virtud de que su difusión puede vulnerar las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica de los actores y denunciantes de la investigación administrativa en la materia, y como consecuencia afectar su desarrollo generando esquemas de revictimización, atentando los puntos críticos de dichas partes como lo son su integridad, dignidad y derechos a la privacidad.

El ayuntamiento de Tijuana decidió la adjudicación de un contrato para la renta de 52 camiones de basura y 27 unidades patrullas para las empresas ya señaladas; esta jueves se celebra nueva sesión de Cabildo en Tijuana, y en virtud de que es extraordinaria, se desconoce si el tema  se habrá de abordar.

 

 

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