ENSENADA BC 1 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- Integrantes de la Federación Baja California de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en conferencia de prensa indicaron que la legislación y el Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California debe garantizar un Fiscal Anticorrupción ciudadano, autónomo tanto técnica como presupuestariamente, que no sea propuesto, ni pueda ser removido por el gobernador del Estado y que sea designado por el Comité de Participación Ciudadana, propuesta que aún no es aprobada por los Legisladores.
La fecha límite para designar al fiscal anticorrupción de todos los Estados de México es el próximo 18 de julio, momento cuando todo el país contará con un Sistema Anticorrupción consilidado.
En la reunión participaron los presidentes de la Federación Coparmex, Armando León Ptacnik; de la Coparmex Ensenada y Mexicali, Jorge Nava Jiménez y Rodrigo Llantada Ávila, respectivamente; Francisco Fiorentini, consejero nacional; y Guillermo Rivera Millán, asesor jurídico de esa organización empresarial.
Destacaron que en el Congreso del Estado existen diversas iniciativas, una del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), una del gobernador Francisco Vega de la Madrid y la otra que elaboraron diversas agrupaciones ciudadanas, y que es respaldada y promovida por la Coparmex.
Indicaron que el anteproyecto busca reformar, adicionar y derogar diferentes disposiciones de la Constitución Política en materia de corrupción. Los artículos a modificar son parte de una iniciativa ciudadana firmada por casi cinco mil bajacalifornianos, que incluye un análisis y propuestas ciudadanas en ese tópico. Con lo que se busca que cualquier servidor público que cometa un delito en detrimento del erario público sea castigado y además reponga el daño, indicaron.
Señalaron que las determinaciones o resoluciones del Comité Coordinador deben ser vinculatorias, es decir, que sean obligatorias, como lo establece el modelo nacional del Sistema Anticorrupción.
Detallaron que dentro de los elementos que conforman la propuesta están que todos los órganos de fiscalización, Contraloría, Orfis, etcétera, sean autónomos y los nombramientos de sus titulares sean también hechos por el Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción.
Solicitaron la atención y participación de la ciudadanía para que esta iniciativa sea la que prevalezca y se aplique en Baja California, ya que por su modelo y propuestas específicas sería una de las más avanzadas del país en el combate a la corrupción gubernamental y empresarial.