TIJUANA BC 09 DE MAYO DE 2017 (AFN).- Por las deficiencias que le han caracterizado en su casi primer año de operación, y la característica de dejar en libertad a delincuentes, el nuevo Sistema de Justicia Penal se ha convertido para los ciudadanos en un “sistema de miedo”, aseguró Catalina Salas Bravo, ex presidenta del Colegio de Abogados Constitucionalistas.
“Hoy, hasta por un simple robo te tienes que allanar porque después esa persona (el responsable) va a ir, cuando salga, porque va a salir, y te va a hacer más daño”, dijo la litigante y ex candidata a la Presidencia Municipal de Tijuana. “Estamos viviendo un sistema de miedo, eso básicamente es lo que está pasando”.
Salas Bravo habló sobre la urgencia de solventar las serias deficiencias del sistema, entre las que identificó el hecho de que jueces del sistema anterior que ya tenían claras deficiencias pasaron al nuevo y es necesario revisar ese aspecto.
“Vimos cómo el sistema se iba a colapsar. Por ejemplo, de un tribunal que tiene un juez y cuatro secretarios de acuerdos que levantan audiencias entonces para poder, y que para estar presente el juez habría que contratar cuatro jueces más”, lo que representaba un aumento en el presupuesto, independientemente de la inversión material en infraestructura.
El hecho de que las audiencias aun siendo públicas no se permite grabar es otro elemento que debe ser revisado, la preparación de los jueces debe ser revisada, y debe asegurarse la detención de personas que tengan antecedentes y que sean peligrosos, porque muchas personas fueron liberadas, con el riesgo consiguiente para la población.
Uno de los rubros más importantes, agregó, es el fortalecimiento del tejido social, que ha sido abandonado por mucho tiempo. Hace ya una década que la Secretaria de Seguridad Pública del Estado tiene presupuesto para esas tareas de en las que no se han visto resultados. “Pintar bardas para el grafiti no es prevenir. La prevención está en la conducta de los ciudadanos”.
Finalmente está el importante papel que debe desempeñar la Procuraduría General de Justicia del Estado en el combate a los delitos, porque la dependencia no puede justificarse simplemente afirmando que el problema surge de la pelea entre carteles por el control de la plaza o que la violencia es atribuible al narco.
“Se lo dijimos en su momento a la Procuradora la última vez que estuvo con nosotros y que nos comentó que el sistema tenía la base de la conciliación pero ¿tú crees que se puedan conciliar más de 800 homicidios en los últimos meses?, eso no puede ser, ahí la falla está en la investigación y creo que la Procuraduría tiene que hace lo propio”.