*.- El padre Solalinde denunció un caso que involucra supuestamente a haitianos
Manuel Ayala
TIJUANA BC 12 DE ABRIL DE 2017 (AFN).- Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos (CBDH) con sede en Tijuana y José María García Lara, presidente del Movimiento Juventud 2000, organización que fue anfitriona de la última visita del padre Alejandro Solalinde a esta frontera, negaron la existencia de casos de tráfico de órganos, inclusive de migrantes, como lo denunció recientemente el sacerdote.
Ambos, en entrevista con Agencia Fronteriza de Noticias reconocieron que hasta el momento no hay pruebas sobre un presumible caso de tráfico de órganos de haitianos que llegaron a Tijuana, ya que no hay denuncias al respecto, ni ante la autoridad ni tampoco de familiares de los presuntos afectados.
De igual manera, el director del Consejo Estatal del Migrante (CEA) dependiente del gobierno del Estado, afirmó que pese a investigaciones realizadas, inclusive con apoyo de autoridades estadounidenses, no se encontró ningún indicio de que esto suceda en la entidad ni que tampoco los migrantes recién llegados hayan sido víctimas de estos hechos. Inclusive refirió que sostuvieron reuniones con el padre Solalinde, tras sus denuncias, y que además de que no pudo documentar los casos referidos, reconoció que no tenía pruebas y que sólo comentaba lo que a él le habían señalado al respecto.
Clark Alfaro refirió que hasta la fecha sólo han sido rumores y sin descalificar al sacerdote, afirmó que los casos que en su momento fueron muy sonados, por presumirse este delito, fueron investigados sin que se encontrara nada, además de que no hay un registro o denuncia pública que avale tal afirmación.
También recordó que hace siete u ocho años llegó a la ciudad un grupo de periodistas franceses, que precisamente hacía un reportaje en Latinoamérica sobre el tráfico de órganos, y que decidió venir a Tijuana porque los comunicadores “escucharon” que aparentemente aquí se daba esa actividad.
Refirió que durante varios días los acompañó en sus investigaciones y tras los trabajos realizados concluyeron que sólo eran rumores los casos de menores de edad y de algunos adultos, que se daban sobre todo en la Zona Norte, ya que cuando llegaron directamente a los puntos y con las personas referidas, se dieron cuenta de que no habían esos delitos y que sólo eran dichos de la gente.
Otro caso, compartió, fue el rumor constante de un niño al que “supuestamente” le sacaron un órgano de su cuerpo y que según estaba en la misma Zona Norte vagando, pero cuando fueron, tampoco lo encontraron y nunca se pudo documentar nada al respecto, ni tener casos concretos, por lo que después de dos semanas investigando, los periodistas mejor se retiraron.
Por su parte, José María García Lara, presidente del Movimiento Juventud 2000 y coordinador de la Alianza Migrante Tijuana, destacó que con las personas que han llegado al albergue, la mayoría centroamericanos de Guatemala, Honduras y El Salvador, no han detectado ningún incidente de ese tipo, como para poder decir que está pasando algo realmente, por lo que aseguró que si se diera algo así, los propios inmigrantes ya se lo hubieran dicho.
Destacó que en el caso del padre Alejandro Solalinde –a quienes ellos invitaron el día que hizo esa denuncia- él obtiene información de varios lugares del país, incluso de Baja California, con todos los contactos que le ayudan y que se dedican a trabajar esos temas.
Sin embargo, reiteró que al menos aquí, aunque lo haya dicho en su espacio, con ellos como asociación civil “no hemos detectado nada, sino solamente el abuso de las autoridades como el caso de la Policía Municipal y el propio Instituto Nacional de Migración, que es a lo que más le temen”.
Consideró que lo que sucede es que el padre Solalinde trae varios temas y lo que él dice lo hace de forma más específica y concreta, porque lo ha hablado desde hace mucho tiempo, no sólo en la cuestión del tráfico de órganos, sino de la trata, los abusos y demás, sobre todo a los centroamericanos, pero es él quien debe tener las pruebas y mostrarlas.
Sobre esta situación, Carlos Mora Álvarez, presidente ejecutivo del Consejo Estatal de Atención al Migrante, refirió que ya en dos ocasiones el padre Alejandro Solalinde ha hecho la misma denuncia, de un posible tráfico de órganos y de muertes de indocumentados, sobre todo de menores, pero, recalcó, “no se han podido documentar”.
Estableció que tras la última declaración del activista pro migrantes, en noviembre del año 2016, se reunieron en tres ocasiones con él, en las que estuvieron presentes el gobernador del estado, Francisco Vega de Lamadrid; el entonces Arzobispo, Rafael Romo Muñóz, y el propio Mora.
En estas reuniones, destacó, le pidieron al padre Solalinde documentar, si fuese el caso, cualquier denuncia en tiempo, espacio y lugar, donde él considerara que se daban estos hechos, precisamente para llevar a cabo una investigación, pero no las pudo documentar.
Agregó que posteriormente el gobernador convocó a la procuradora del estado, Perla del Socorro Ibarra Leyva, y a los subprocuradores José María González Martínez y Jorge Alberto Álvarez Mendoza, para que estuvieran presentes en otra de las reuniones, pero, dijo, “tampoco pudo don Alejandro documentar estas denuncias, aunque después aclaró que era información que él había recibido, pero que efectivamente no tenía la documentación”.
Tras esta situación, Mora recalcó que como autoridades se dieron a la tarea de realizar una exhaustiva investigación junto con el secretario de Seguridad en el estado Daniel de la Rosa Anaya y la propia Procuradora de Justicia del Estado, pero no encontraron ningún antecedente en este sentido.
Refirió además que la propia Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), inclusive trabajó con las autoridades de Estados Unidos, para abonar al caso, pero no encontraron nada al respecto, concluyendo “que fueron puros rumores y todo resultó ser falso”.
Carlos Mora dijo que tiempo después, se enteró por medios, de otras localidades de que el padre Solalinde denunció que estos casos se dieron en Tamaulipas, no así en Baja California, por lo que hasta ahora no han detectado ningún caso de esa índole.
“Con esto no quiero decir, ni cancelo la posibilidad de que alguna situación así se haya podido presentar con estas características, pero no tenemos documentado ninguna circunstancia de este tipo, es decir, no tenemos ni tráfico de órganos, ni muertes anticipadas, ni secuestros que tengan que ver con esta materia”, apuntó.
