TIJUANA BC 2 DE MARZO DE 2017 (AFN).- Esmeralda Flores, representante de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en ingles), refirió esta mañana que una de las cosas que más preocupan de las ordenes ejecutivas sobre migración que firmó Donad Trump, es que se le permite a las personas ser una especie de agentes de migración, lo cual podría generar grandes conflictos.
Durante su participación durante la sesión del Consejo Estatal de Atención al Migrante, refirió que tras la firma de estas dos órdenes ejecutivas, son muchos los asuntos que se pueden esperar y que no son para nada positivos para los connacionales que radican en el país vecino.
Detalló que algunas de estas situaciones que se empezarán a presentar será que habrá mucha más colaboración entre los agentes federales de migración y los agentes estatales y locales de la policía, por lo tanto se tendrá un incremento de redadas en los lugares de trabajo, ya que se pretende criminalizar a los empleadores de personas sin documentos y a los mismos trabajadores.
Otra de las cosas, dijo, es que se generará un incremento en los operativos por parte de ciudadanos con el programa de "Comunidades Seguras", situación que les preocupa, además de un incremento en las deportaciones expeditas y se van a construir más centros de detención migratorios.
Flores detalló que la primera orden ejecutiva firmada, que tiene que ver con la migración interna, es la que contempla la creación del muro en la parte sur de Estados Unidos, además que se terminará la política de "Catch an release", aumentarán a 5 mil agentes fronterizos.
Además que contempla fondos para México para contrarrestar la llegada de más migrantes, se regresará el programa 287g, el cual permite que las personas puedan ser agentes migratorios y contempla detener el fraude en solicitudes de asilo.
La segunda orden ejecutiva, contempla un incremento de 10 mil agentes ICE, sanciones a "Ciudades Santuiario", se reinstalarán las "Comunidades Seguras", se tiene previsto también la creación de una oficina de atención a víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes.
Aunado a ello, se aumentarán las prioridades de deportación, sobre todo en casos como personas con condenas de cualquier crimen, quienes estén acusados de cualquier crimen y quienes sean considerados una amenaza para la seguridad pública según el criterio del oficial de inmigración.
