• Se reunieron 16,500, IEEBC validó 12 mil
• “No fue vano el esfuerzo”, dice Leal Venegas
TIJUANA BC 14 DE FEBRERO DE 2017 (AFN). – El Instituto Estatal Electoral de Baja California rechazó una solicitud para someter a referéndum la aprobación legislativa del decreto número 57, que entrega concesiones millonarias a tres empresas para llevar a cabo obras relacionadas con el agua potable en la entidad, por considerar que una parte del requisito no se alcanzó a cubrir.
Así lo confirmó el abogado Juan Manuel Leal Venegas, uno de los organizadores de la jornada para recabar las 12 mil 500 firmas de respaldo a la solicitud, un requisito que, dijo, se cumplió en cuanto a la cantidad aunque una parte de esas firmas fueron rechazadas porque a juicio de la autoridad electoral no cumplían la formalidad exigida.
“Este intento no fue en vano, este es apenas el principio de un largo camino de acciones que vamos a emprender por defender el agua para los bajacalifornianos, aunado a otros temas estatales y locales que nos aquejan, para así parar de una vez por todos a los malos representantes que tenemos”, aseguró el tijuanense.
Leal Venegas, quien figuraba como candidato a sindico en el proyecto independiente encabezado en su momento por Carolina Aubanel para la alcaldía tijuanense, reconoció el esfuerzo de los ciudadanos y grupos (entre ellos algunos ex candidatos independientes) que en el resto de la entidad, se sumaron a la causa y con su respaldo se construyó una fuerza que seguirá trabajando en temas pendientes de la agenda ciudadana, y el del agua sigue siendo uno de ellos.
Fue ese impulso ciudadano el que hizo posible que en tan solo 12 días, se reunieran 16 mil 500 firmas. Lamentablemente 4,500 fueron desechadas, y el plazo legal para promover el referéndum ya quedó agotado.
La solicitud proponía la celebración de un referéndum para poner a consideración de la ciudadanía la propuesta de revertir el decreto 57 mediante el cual se otorgaron concesiones y contratos a tres empresas a las cuales además se comprometía un apoyo estatal de casi 200 millones de pesos para cada una durante 30 años en el caso de dos de ellas, y de 37 en el caso de una tercera.
Juan Manuel Leal reiteró que pese a no haber prosperado el proyecto, el gobierno estatal y el Congreso deben valorar esta expresión ciudadana y considerar la conveniencia de revisar el citado decreto.
