ENSENADA BC 9 DE ENERO DE 2017 (AFN).- "Que sean los ciudadanos y no los funcionarios quienes vigilen y sancionen a los funcionarios corruptos”, afirmó Armando León Ptacnik, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Baja California, al manifestar el rechazo a la iniciativa de Ley Anticorrupción propuesta por el gobernador Francisco Vega.
Dijo que en la iniciativa que promueve la Coparmex se establecen órganos y mecanismos que ciudadanizan la vigilancia de la corrupción gubernamental, una de ellas indica que el fiscal anticorrupción no sea nombrado por el gobernador y que tenga autonomía técnica y presupuestaria.
“Al respecto, el gobernador propone directamente designar y ratificar el nombramiento del Fiscal general y a los titulares de los órganos de control interno de las entidades autónomas en el Estado. Coparmex propone, que dichos nombramientos sean efectuados por el Consejo de Participación Ciudadana”, dijo León Ptacnik.
Agregó que el gobernador propone que el Sistema Estatal Anticorrupción sea dirigido por un comité coordinador conformado por seis funcionarios y un ciudadano. “La propuesta de Coparmex es que en dicho comité coordinador existan tres miembros ciudadanos y un fiscal nombrado por la ciudadanía, esto con el fin de ciudadanizar el sistema y que exista un equilibrio verdadero en la toma de decisiones”, enfatizó.
Añadió que el gobernador propone que las resoluciones emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción tengan el carácter de simples observaciones o recomendaciones.
Precisó que la postura del sector empresarial es que cualquier resolución emitida por dicho Comité Coordinador que implique la sanción a un funcionario por actos de corrupción sea vinculatoria, es decir, que tenga el carácter de obligatoria.
Comentó que la iniciativa ciudadana propone que en todos los casos los actos de corrupción graves o no graves, prescriban hasta los 10 años.
Destacó que otro punto de discrepancia es que el gobernador propone que una vez revisadas las cuentas públicas no se deberá abrir su análisis de nueva cuenta. La iniciativa ciudadana propone que cualquier cuenta pública aunque esté validada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, podrá ser abierta de nueva cuenta para su revisión cuando se presuma o se detecte algún acto de corrupción, prescribiendo esta facultad hasta los diez años de su aprobación.
